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YBY PYTÃ, Dpto. Canindeyú (Pablo Medina, corresponsal). Los autodenominados sintierras provenientes de las localidades de Yasy Cañy (Canindeyú) y Liberación (San Pedro), liderados por Laureano Martínez y Nolberto Rolón, decidieron invadir el inmueble de referencia en la madrugada de ayer.
Horas después, miembros de la asociación de familiares de víctimas de la masacre de junio de 2012, hecho que había forzado la salida del entonces presidente Fernando Lugo, se presentaron ante la comisaría jurisdiccional y dijeron que no respaldan esta invasión propiciada por un grupo disidente, surgido tras prolongados debates realizados en el “campamento de resistencia” instalado en el acceso a la propiedad en conflicto.
La postura de familiares de víctimas, plasmada en la denuncia, está firmada por Mariano Castro, Martina Paredes y Darío Acosta, lo que evidencia el “avasallamiento” de otro grupo de sintierras a la lucha por la adjudicación del inmueble en el caso que las tierras sean destinadas para fines de la reforma agraria.
Intimidan a la Policía
El comisario principal Oscar Frutos, jefe de la comisaría de la colonia Campo Agua’e, confirmó que no pudo ingresar al inmueble ayer debido a que los invasores realizaron disparos intimidatorios al percatarse de la presencia de los oficiales.
Según lo explicado, Frutos informó del incidente al fiscal de turno de Curuguaty, Christian Royg, quien participaba ayer de un juicio oral en Salto del Guairá. El agente podría constituirse hoy en el lugar para iniciar el proceso penal contra los invasores.
Ayer resultó imposible contactar con Laureano Martínez y Nolberto Rolón, aunque se supo que el argumento utilizado para la invasión es que están “cansados de esperar acciones del Estado”.
No obstante, los representantes de familiares de víctimas de junio de 2012, Miguel Paredes y Delmira Oliveira, coincidieron en que “están cansados del sacrificio de permanecer acampados con los demás familiares, aguardando inútilmente la decisión del Gobierno de entregar las tierras a los campesinos”.
Esta propiedad, de casi 2.000 hectáreas, fue escenario el pasado 15 de junio de 2012 de la peor matanza del país de los últimos años, donde murieron 11 campesinos y seis policías enfrentados durante un procedimiento de desahucio de ocupantes ilegales.
El inmueble fue donado al Estado paraguayo en 1967 por la Industrial Paraguaya SA, pero recién en 2004 fue declarado de interés social para la reforma agraria.
En agosto de 2013, la directora de Registros Públicos, Lourdes González, confirmaba que las tierras conocidas como Marina Cue “no es del Estado”, contrariando al entonces titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que reivindicaba como patrimonio del Estado.
Sin embargo, la reserva privada impulsada por la firma Campos Morombí reúne riquezas naturales ideales para investigaciones científicas y de monitoreo ambiental.
Varias organizaciones ambientales plantean convertir la reserva privada en “corredor ecológico a perpetuidad”.