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La Resolución General N° 69, que emitió la SET, aclara que la prórroga se realiza de manera excepcional, a solicitud de los contribuyentes y atendiendo que actualmente están en trámite numerosos pedidos de inscripción en el Registro de Auditores Externos Impositivos que están analizando para su posterior aprobación.
La normativa dispone que los contribuyentes con cierre de ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015 podrán contratar, excepcionalmente, al auditor externo impositivo hasta el 31 de enero de 2016 e informar a la SET dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato. En este mismo plazo, también el auditor deberá suministrar los datos de su contratante.
Están obligados a presentar el informe de auditoría externa impositiva los contribuyentes que alcancen una facturación igual o superior a G. 6.000 millones (poco más de US$ 1 millón al cambio vigente), unas 6.000 firmas a la fecha.
Tributación hasta hoy habilitó solo a 32 firmas auditoras, de las cuales 27 están autorizadas a prestar servicios a empresas con cualquier nivel de facturación y 5, a empresas con facturación de hasta G. 20.000 millones (US$ 3,5 millones).
La escasa inscripción obedece al conflicto de la SET con gremios de contadores y auditores por la puesta en vigencia de la Resolución General N° 29, que establece nuevos requisitos para la habilitación de auditores, que fue atacada incluso de inconstitucional.
Los contadores presentaron la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia argumentando, entre otros, que se limita la capacidad y el derecho que tienen a prestar servicios de auditoría impositiva, exigiendo ciertos requisitos académicos y calificaciones fuera de sus facultades.
El caso está trabado en la Corte, ya que el abogado del Tesoro, Fernando Benavente, recusó al camarista en lo civil, Juan Carlos Paredes, quien integra la Sala Constitucional de la Corte junto a los ministros Sindulfo Blanco y Óscar Bajac (también recusado). En tanto que el abogado del Consejo de Contadores, Juan Verón, considera que las recusaciones son “chicanas” y pidió que los antecedentes sean remitidos al Consejo de la Superintendencia.