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El pasado 24 de julio, el Tribunal de Cuentas que lleva el caso de la APP del aeropuerto le solicitó a la Contraloría General de la República la remisión de “copias debidamente autenticadas de los antecedentes administrativos relacionados con la resolución impugnada”. ¿El detalle? El camarista que firmó el traslado, Arsenio Coronel, olvidó mencionar a cuál o cuáles resoluciones se refería (ver facsímil).
Ante este tribunal recurrió en carácter de apelación el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para anular el dictamen de la Contraloría General de la República, que le recomendó cancelar la licitación del aeropuerto.
Al recibir el traslado del Tribunal de Cuentas, que incluía un emplazamiento de 10 días, el contralor Enrique García respondió en fecha 9 de agosto pidiendo aclaración sobre los documentos solicitados (ver facsímil).
“Al respecto, a fin de dar cumplimiento al pedido formulado por este tribunal, este organismo superior de control requiere se sirva individualizar las resoluciones impugnadas, a fin de poder adjuntar los antecedentes requeridos”.
Para Sacyr
Antes de recurrir al Tribunal de Cuentas para anular el dictamen de la Contraloría, el ministro Ramón Jiménez Gaona se había comprometido públicamente a acatar la recomendación de Contraloría. Luego terminó recurriendo, primero con un recurso de reconsideración ante el mismo ente y luego solicitando la anulación al Tribunal de Cuentas.
El consorcio que aparece como inminente adjudicado en esta polémica licitación es Sacyr-Agunsa. La firma española que integra el mismo, Sacyr, tiene antecedentes de incumplimiento y trámites judiciales derivados de ello en su país y también en Chile, Colombia y Panamá.
Estos antecedentes debieron excluirle del proceso, pero el MOPC, en lugar de hacer eso, le benefició con dictámenes “a medida”.