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El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se declaró competente en el estudio de las cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tras la acción de inconstitucionalidad presentada el año pasado por el titular de la Cartera, Ramón Jiménez Gaona. El objetivo de esta acción es que esas cuentas una vez revisadas y aprobadas obtengan carácter de “cosa juzgada” y no puedan volver a ser revisadas en el marco de un proceso judicial.
Tan pronto como se inició el estudio de las cuentas del MOPC por esta sala, integrada por los magistrados Rolando Ojeda, Arsenio Coronel y María Celeste Jara, el MOPC obtuvo la aprobación de su rendición correspondiente a los cuatro meses de gestión de la actual administración en el 2013, según algunas versiones judiciales recogidas extraoficialmente. El tribunal ahora estudia las cifras de los demás años, conforme va solicitando informes a la Cartera.
Los antecedentes del caso indican que el 30 de diciembre del año pasado, último día laboral, la Sala Constitucional de la Corte otorgó la acción al ministro Ramón Jiménez Gaona, quien en su presentación atacó los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 2248/03, que le quitó al Tribunal de Cuentas (Segunda Sala) la atribución de juzgar las cuentas estatales. En contrapartida y con esa normativa, se entiende que el trabajo técnico queda en manos del ente creado para tal efecto, la Contraloría General de la República.
¿Y la Contraloría?
El contralor Enrique García fue consultado ayer por este diario sobre el “puenteo” que hizo el MOPC a esta institución, a la que constitucionalmente le corresponde controlar la ejecución de gastos de los entes públicos. Respondió que la acción interpuesta por el MOPC no excluye que participe la Contraloría, sino que por el contrario, el tribunal debería nutrirse de los informes del ente auditor.
Sin embargo, en las cuentas que están siendo auditadas actualmente la Contraloría no tuvo participación. “¿Con qué elementos fácticos plantea el tribunal la aprobación de cuentas que no han pasado por el filtro constitucionalmente ordenado?”, cuestionó García.