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Según Ovelar el cobro de multas llegó a extremos calamitosos donde la SET se convierte en juez y parte en el caso.
“Obligan al contribuyente a aceptar la multa de cualquier forma y si no acepta, le hacen la vida imposible, claro está, porque tienen interés directo en la multa, no en la justicia tributaria”, cuestionó el legislador.
El proyecto de ley excluye al funcionario como denunciante e incorpora al denunciante particular con un derecho al cobro del 30% de las multas que se apliquen a las empresas o particulares en infracción.
Ovelar mencionó que en los últimos tiempos ya perdieron totalmente la vergüenza comenzando a bloquear el RUC del contribuyente que no quiere pagar la multa. Menciona que el bloqueo es ilegal.
Solo la viceministra Marta González se embolsó en el último año la suma nada despreciable de G. 240.571.400 en extras por las multas cobradas a contribuyentes por las diversas intervenciones autorizadas por ella misma. Esta repartición beneficia en mayor proporción a los jefes.