Tras amedrentamientos, agrimensor renunció a mensura en Barbero Cue

El perito agrimensor designado para la mensura en Barbero Cue, Cnel. Santiago Vera, presentó su renuncia ante la Corte días antes de la medición, que estaba prevista para hoy, tras varias postergaciones. El hecho ocurrió luego de que el profesional haya sido amedrentado, primero con una sanción de las Fuerzas Armadas que derivó en su apresamiento y, luego, una traba del propio presidente Horacio Cartes, que se opuso al proceso.

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El coronel activo Santiago Vera Duarte, perito reconocido por el Poder Judicial y que ya efectuó varias mensuras en medio de conflictos relacionados a las tierras, finalmente no realizará la medición impulsada por los campesinos en la colonia Barbero Cue, ubicada en el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, del departamento que lleva ese mismo nombre.

Según argumenta el profesional en el marco del juicio de mensura, lo designaron como subdirector del Instituto Geográfico Militar después de haber aceptado realizar el procedimiento de referencia, razón por la cual no podrá realizar el trabajo, pues su puesto actual “implica una carga horaria y disponibilidad permanentes dentro de la institución”.

“El hallarme sujeto a la cadena de mando militar, a mi entender, debe prevalecer sobre el cargo de perito que he asumido”, señala el agrimensor en el escrito presentado a fines de febrero último (ver facsimilar).

Agrega que “el señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación (es decir el Presidente de la República) ya informó al juzgado acerca de esta situación”, haciendo referencia a la supuesta falta de tiempo que posee para realizar el trabajo de la mensura. De hecho, el mismo Cartes recientemente había enviado un escrito que hablaba en el mismo sentido; sin negarse abiertamente a cumplir la orden judicial de autorizar al coronel a que realice su trabajo de agrimensor, el Primer Mandatario en la práctica estaba cometiendo un desacato, que se resuelve ahora con la renuncia del perito.

Lo que Vera Duarte y tampoco Cartes contaron en sus respectivos escritos es que las Fuerzas Armadas ya había autorizado el año pasado la participación de dicho agrimensor en la mensura de Barbero Cue y en ese entonces, nadie manifestó oposición por las causas que ahora esgrimen. El Gral. Luis Gonzaga Garcete, comandante de las Fuerzas Militares dio permiso al perito en la nota fechada el 22 de mayo de 2015; también se manifestó a favor la directora jurídica de esa institución la Cnel. María Felicia Morínigo de Mancuello, según dictamen N° 1.192 del 11 de mayo de 2015.

¿Excusa?

Al respecto, la representante legal de los campesinos, Abog. Leticia Almada Paoli, puso en duda las afirmaciones del perito, al considerar que más bien suenan a excusas. “Cómo es posible que no tenga tiempo ahora, pero sí tuvo para hacer las notificaciones a los colindantes de la colonia, en un proceso que le llevó dos o tres días y que tuvo que hacer varias veces ante las postergaciones de la mensura; en todo ese tiempo él ya era subdirector. Además, la realización del trabajo le va a llevar entre 7 a 8 días, según él mismo nos dijo y podemos recordar la mensura trucha, que arrojó 14.090 Ha. en vez de 17.343, que se había hecho en un solo día”, resaltó.

Almada explicó que tras la renuncia del agrimensor van a designar a otro perito. Agregó que la mensura que debía iniciarse hoy queda postergada en fecha a definir, pues se solicitó la suspensión del proceso en vista de la nota presentada por Vera Duarte. De esta manera, una vez más se registra un incidente en el juicio de mensura de Barbero Cue, que ya fue varias veces postergado por intervención de firmas ganaderas que no son parte del proceso, según determinaron los propios jueces de la causa. Esta medición es impulsada por campesinos como paso previo para poder titular la propiedad a su nombre.

Tratado sigue sin cumplirse

A través del Tratado Internacional, Ley N° 4732, la República de Italia donó las tierras al Estado Paraguayo en el año 2012, dejando expresa constancia de que era para los ocupantes de hecho, sujetos de la reforma agraria, es decir, los campesinos. Se trata de la finca 231, padrón 682, con superficie de 17.343 hectáreas.

Los campesinos donatarios del inmueble vienen promoviendo la mensura judicial, debido a que una medición irregular y sumamente cuestionada del año 2013, que encaró el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), arrojó como resultado 14.090 hectáreas, luego de descontar áreas ocupadas por empresas con títulos de dudoso origen.

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