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“Queremos manifestar nuestro apoyo a la actuación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que rechazó unos 6 millones de dosis de vacunas que no cumplen con las exigencias de calidad para inmunizar al ganado contra la fiebre aftosa”, expresó Maldonado.
Explicó que el transporte de ganado es parte del renglón, cuyo negocio depende principalmente del estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa con vacunación.
Comentó que con el foco del 2011 perdieron mucho dinero y en general quedaron con una deuda total de unos US$ 4 millones, en préstamos que fueron refinanciados o recalendarizados, debido a la retracción del flete y el consecuente menor ingreso que generó el cierre de los mercados de la carne.
“Nos comunicamos con el presidente del Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga, para darle nuestro pleno respaldo en su actuar técnico en defensa de la sanidad pecuaria”, expresó el gremialista.
Maldonado pidió que el Poder Judicial aplique la ley y confirme al Senacsa como autoridad competente para calificar la calidad de las vacunas que deberán ser utilizadas en la campaña contra la fiebre aftosa.
“El país entero podría ser castigado si se utilizan vacunas de mala calidad, con el efecto negativo en cascada sobre todo el sector pecuario y hasta la economía del país”, enfatizó.
Por otra parte, la Cámara Paraguaya de Carnes, presidida por Korni Pauls, presentó ayer en Senacsa una carta de apoyo al actuar del ente en el tema citado.
El Senacsa argumentó que las vacunas rechazadas arrojaron resultados no satisfactorios en la prueba de potencia, motivo por el cual ordenó la destrucción de las series mencionadas.
La medida establecida por Senacsa, de la destrucción e las vacunas, debió ejecutarse el 4 de enero pasado, pero ante una medida cautelar de urgencia dispuesta por un juzgado, quedó postergada por tiempo indefinido.
Argumento de la firma
El representante legal del laboratorio Lauda, Carlos Buffa, alegó ante la Justicia que no participaron del control correspondiente ni haber tenido oportunidad de impugnarlo o solicitar una contraprueba, para tener certeza positiva y transparencia del resultado, por lo que recurrió a la vía judicial para evitar un daño irreparable (unos US$ 1,6 millones).