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La isla Ytororó, sobre el río Paraguay, frente a la ciudad de San Antonio, está habitada por 54 familias dedicadas a la agricultura de subsistencia.
En enero pasado comenzó un hostigamiento contra la comisión vecinal que representa a los agricultores.
La agente fiscal Laura Ávalos Amarilla, de San Antonio, llegó a imputar a los directivos del comité de agricultores por “perturbación de la paz pública”.
Por otro lado, llevan esperando un año el reconocimiento de la comisión vecinal por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El comité de agricultores tiene personería jurídica, reconocida por Decreto 787 del 2 de noviembre de 2004.
El Poder Ejecutivo reconoce al Comité de Agricultores de la Isla Ytororó, pero funcionarios del Indert niegan valor a este documento y dicen que se necesita una resolución del instituto.
Y la resolución del Indert no sale ni avanza en las gestiones.
El motivo del conflicto
El conflicto tiene una explicación muy sencilla: la estratégica ubicación de la isla despierta codicia.
En la ribera del río Paraguay, en la jurisdicción de San Antonio, están ubicadas una serie de empresas que operan a través de la hidrovía.
A lo largo del año se necesita espacio para amarrar embarcaciones de diverso porte y la isla es la alternativa más cercana.
Los isleños ocupan la totalidad del espacio disponible con sus chacras y existe la intención de despojarles de 19 hectáreas en el punto más alto de Ytororó, justo donde se encuentra el campo comunal.
El escribano Bernardo Aponte Caballero, junto con Celso Santiago Usaín y Shirley Ayala, iniciaron gestiones ante el Indert, reclamando esas 19 hectáreas.
Celso Santiago Usaín nunca vivió en la isla y en realidad figura como propietario de la empresa “Amarres del Sur”.
La empresa de Usaín se dedica a construcción, reparación de buques y embarcaciones así como a servicios fluviales en general.
La dirección de la firma “Amarres del Sur” es Policarpo Cañete Nº 124 y De la Victoria, Fernando de la Mora.
Esta dirección, según pudimos constatar, coincide con la oficina del escribano Bernardo Aponte Caballero. La fachada del inmueble publicaremos en nuestro próximo artículo.
La fiscala Laura Ávalos Amarilla imputó a ocho miembros de la comisión directiva del comité de agricultores porque supuestamente atropellaron la vivienda de Celso Santiago Usaín en la isla.
Usaín nunca vivió ni trabajó entre los isleños; la imputación forma parte de una trama para acosar legalmente a los directivos del comité.
Montar un amarradero sería el objetivo real del escribano Bernardo Aponte Caballero y sus socios.
roque@abc.com.py