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Peña calificó de “triste” el proyecto de presupuesto que están preparando para presentar al Congreso el 1 de setiembre para el período 2016, pero señaló que será “sincero”, adecuado a la realidad, tomando en consideración la desaceleración económica en el país y la recesión en la región y con la idea de contar con más recursos para inversiones.
Anticipó que por primera vez en muchos años el presupuesto será menor al del año anterior (la única vez que ocurrió eso en la etapa democrática fue con Raúl Cubas en 1999), pero en contrapartida se buscará una mayor ejecución en la práctica.
“Todos los años aumenta mucho el presupuesto, pero luego si uno se fija en la ejecución, es cada vez menor. El problema es que no hay suficientes ingresos, se recortan los gastos de capital, mientras que los gastos corrientes muchos son fijos, no se pueden cortar, y crecen sostenidamente”.
El dato asusta. Los ingresos tributarios han crecido considerablemente en los últimos años, pero prácticamente todo lo que se ha conseguido incrementar ha ido a financiar salarios y remuneraciones, no solo por un mayor número de funcionarios (a 2014 había más de 280.000), sino por fuertes aumentos sucesivos de sus asignaciones, en un promedio de entre 15 y 20 por ciento por año.
Peña dijo que, dentro de un plan financiero sostenible, quedan aproximadamente US$ 500 millones anuales para infraestructura. La única manera de ampliar esa base es recaudando más, pero manteniendo constantes o reduciendo los gastos corrientes.
En ese sentido, hizo una exhortación. Subrayó que es indudable que se ha mejorado ostensiblemente la situación salarial de los funcionarios públicos como parte de la bonanza económica que ha experimentado el país, pero que ahora tienen que entender que habrá tres o cuatro años en que tendrán que adecuar sus pretensiones.
Paralelamente, dijo que hay espacio para mejorar las recaudaciones sin aumentar los impuestos, pero eliminando exoneraciones. Volvió a aclarar que no hay intención de suprimir los incentivos a la industria, que ha respondido con generación de puestos formales de trabajo, pero sí de avanzar en una verdadera generalización del IVA, incluyendo al sector cooperativo y al de ensamblaje. El objetivo principal es mejorar el control cruzado de los impuestos para ampliar la base tributaria.
Como novedad, Peña dijo que el Presidente de la República le enviará una nota a cada uno de sus ministros con la instrucción de no buscar ni aceptar por parte de parlamentarios ningún incremento en sus respectivos presupuestos al margen del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Esta disposición de básica disciplina es clave, porque lo que ocurre normalmente es que se remite un proyecto y luego cada ministro y titular de ente hace lobby por separado, con lo que se terminan aumentando los gastos en contra de lo dispuesto por el Ejecutivo al que supuestamente responden.
Finalmente, Peña se refirió al déficit y al ritmo del endeudamiento. Afirmó que se va a cumplir con los topes de la ley de responsabilidad fiscal, incluyendo el del crecimiento del gasto corriente (4% más inflación) y reiteró que la deuda está bajo control y dentro del plan financiero.
Reconoció que las obras anunciadas bajo la modalidad de la Ley 5074 (que se adjudican con financiamiento propio del oferente privado) engrosarán la deuda pública, pero explicó que ello no se produce de una sola vez, en el momento de la adjudicación, sino que el Estado se va obligando a medida que la obra avanza y se vaya entregando parcialmente, típicamente un 25 por ciento por año. Eso permite incorporar el endeudamiento gradualmente y atarlo a la ejecución efectiva de la obra. Aunque a una tasa algo mayor que la de los bonos, la financiación privada debe ser por lo menos a 10 años de plazo y 3 de gracia. Peña reveló que un asesor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está trabajando con ellos en este tema.
Según los cálculos de Hacienda, la deuda al final del proceso no sobrepasará el 22 por ciento del PIB.