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Al ser consultado sobre las posiciones radicalmente opuestas de los sectores ambientales y productivos en relación al decreto 7702/17, que cambia la reglamentación del artículo 42 de la ley forestal 422/73, la máxima autoridad del Infona, el médico veterinario Fredis Estigarribia, dijo: “No tenemos aún una postura definida, recién desde el pasado jueves estoy al frente de la institución, por eso me estoy asesorando sobre tema y estudiando con expertos del ente”, señaló en una entrevista telefónica.
“Estoy invitando a los diferentes sectores y gremios, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, para integrar una mesa de diálogo con el Consejo Forestal”, expresó.
Añadió que el objetivo es buscar alternativas para lograr una norma efectiva, mediante el diálogo constructivo y la participación de los distintos sectores.
Detalló que la convocatoria es para el próximo jueves 5 del corriente, en el salón auditorio del Infona.
Desacuerdo con ONG
Por otra parte, Estigarribia lamentó que en el marco de la polémica por el decreto 7792 el referente de la organización ambientalista WWF, Óscar Rodas, haya opinado sobre los certificados de servicios ambientales como “incentivos perversos”.
“Los certificados ambientales o certificados de servicios ambientales son entregados a los propietarios de bosques que mantuvieron más del 25% de bosques en sus propiedades, es decir, a personas que aún mantienen mucha más superficie boscosa que la exigida por la ley y conservan sus bosques en estado natural”, explicó.
Añadió que el régimen de servicios ambientales –bajo el cual se expiden estos certificados– ha promovido hasta la fecha la conservación de más de 180.000 hectáreas, en las cuales los propietarios optaron por conservar el bosque antes que materializar un cambio en el uso de suelo.
“Este régimen quizás sea en la actualidad el mecanismo más eficaz de conservación de los bosques que existe en el país”, enfatizó.
También dijo que con dichos certificados se busca que los propietarios accedan a una compensación económica por mantener los remanentes boscosos que brindan abundantes servicios ambientales, de los cuales todos los habitantes del Paraguay son beneficiarios.
“Son varias las organizaciones de la sociedad civil que han certificado bajo este régimen de servicios ambientales sus respectivas reservas, y otras organizaciones –entre las cuales está la propia WWF Paraguay– que aún se encuentran promoviendo la adhesión de propiedades a este régimen; por lo tanto, resulta contradictoria esta posición a lo expresado por el vocero de dicha institución”, indicó.
Estigarribia también declaró que la Seam promueve continuamente la adhesión al régimen como alternativa al cambio de uso de suelo. Informó que en la Región Occidental se buscan certificar 300.000 hectáreas, específicamente en la zona norte del Chaco, a través del Proyecto Promesa Chaco, coejecutado con la organización Guyra Paraguay.
“Declaraciones de esa índole, en un ambiente de amplia discusión sobre las interpretaciones dadas al decreto que reglamenta el artículo 42 de la Ley Forestal son poco oportunas y desacertadas, en un proceso de diálogo que se está promoviendo desde el Infona, y en el cual participa también la Secretaría del Ambiente”, expresó.
WWF pide derogación
La ONG WWF, a través de su gerente de cambio climático, Óscar Rodas, solicitó al Gobierno la urgente derogación del decreto 7.702, con fecha del pasado 14 de setiembre, argumentando que atenta contra la protección de las reservas legales de bosques naturales y, por ende, contra las políticas ambientales de protección y preservación de los ecosistemas.