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El contrato con ICA firmó el entonces titular de Copaco-Vox, Eduardo Neri González. Debía concluir en febrero de 2018, pero a mediados de ese año todavía no había proveído el sistema, según informes de agosto del año pasado de técnicos de la compañía que obran en la auditoría de la Contraloría.
“No puedo suministrarte copia del contrato pues tiene una extensa cláusula de confidencialidad que no me lo permite y a modo de prueba te remito un párrafo del mismo”, expresó Vallese para justificar su negativa.
Por su lado, el procurador general de la República, Sergio Coscia, prometió ayer “transparentar” Vox.
Informó que hoy será realizada la asamblea de accionistas en la que lleva el mandato del Presidente de la República como propietario del 100% de las acciones de la Compañía. En la oportunidad aprobarán los cinco balances (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) que no fueron aprobados en las asambleas anteriores, hecho que no le ha permitido a la estatal acceder a nuevos créditos.
“Este Gobierno quiere la transparencia y les vamos a demostrar”, refirió al tiempo de asegurar que serán publicadas las planillas salariales de los funcionarios de Vox, así como se muestran las de Copaco.
En 2010, cuando Copaco compró la quebrada Vox, lo hizo mediante un dictamen de la Procuraduría. El mismo ente le mantuvo fuera de la Ley 2051/03 de “Contrataciones Públicas”. Realizó compras superiores a los US$ 50 millones que no le permitieron mejorar su servicio ni aumentar usuarios ni ingresos.
Existe un dictamen de 2011 de Javier Parquet, experto en derecho administrativo, que asegura que Vox debe someterse a la ley como cualquier empresa pública, dado que depende de los recursos de Copaco.