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La ministra de Hacienda, Lea Giménez, tiene razón al cuestionar los excesos en gastos rígidos, indicó ayer la senadora Mignarro, quien admitió que el Congreso infló el PGN más de lo previsto, aunque se logró frenar otras ampliaciones solicitadas. Debido a estos excesos, la legisladora no descarta que se dé un veto parcial al plan de gastos del 2018.
Las declaraciones de Mignarro fueron en reacción a lo señalado un día antes por la ministra Giménez, en el sentido de que el Congreso violó la Ley de Administración Financiera al ampliar gastos corrientes con recursos previstos para inversiones.
En relación con las críticas del senador Juan Carlos Galaverna por haberse aprobado un presupuesto sin cifras, la senadora Mignarro justificó el procedimiento, alegando que es prudencial, ya que se debe incorporar todavía los ajustes aprobados y que esto lleva en promedio entre dos y tres días para procesarlos.
Indicó que hay numerosos cambios que se aprobaron a instancias del Senado esta semana y que la Comisión de Hacienda trabaja intensamente en reprogramar las cuentas rubro por rubro a fin de tener las cifras finales a más tardar para este lunes próximo. Para dar un ejemplo, el ajuste al sector salud, del 8%, se debe aplicar a un universo de 22.000 funcionarios, y sobre una base distinta para cada funcionario.
Y como la mayor parte de las modificaciones introducidas son del rubro de salario se busca la contrapartida en recortes a gastos superfluos.
Los sectores beneficiados con aumentos en pleno año electoral fueron los docentes del MEC (16%), funcionarios de Salud (8%) y los administrativos de la UNA. Solo este grupo tendría un impacto cercano a los US$ 50 millones. Además hay otros ajustes salariales vía reestructuración del plan de gastos de cada institución que beneficia a funcionarios de la ANDE, INC, Contraloría y Seam, entre otras.
Se gasta mal
La legisladora indicó que si bien el Estado requiere de más recursos para cubrir la necesidades, también se debe mejorar la calidad del gasto. “Se gasta mucho y se gasta mal. Hay gente que lleva demasiados recursos del Estado sin merecerlo, y otros que no. Existe una inequidad, está bastante desordenado el presupuesto del Paraguay y amerita una reingeniería”, señaló. Tras la aprobación con modificaciones del proyecto de Ley de Presupuesto, el texto vuelve a la Cámara de Diputados, que tiene 10 días para pronunciarse sobre los puntos discrepantes. Si en esta instancia se aceptan las modificaciones, el texto queda sancionado y se remite al Ejecutivo para su promulgación. En caso de que se ratifique en algunos de los puntos modificados, el proyecto vuelve al Senado, que tendrá la última palabra En la primera vuelta, Diputados elevó el plan inicial de G. 73,1 billones a G. 73,61 billones, y en el Senado se aprobó sobre una base que rondaría los G. 73,5 billones. Aún faltan consignar las últimas modificaciones.