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Para entender la alta preponderancia del fuerte centralismo fiscal que prima en el país, se observa que los impuestos inmobiliarios totales en Paraguay totalizan el 0,4% del PIB, del que 0,2% corresponde a Asunción y 0,2% proviene de todas las municipalidades del interior, señala el Ing. agrónomo Ricardo Garay, extitular de la cartera de Agricultura y Ganadería; y actual director general de Posgrado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Además de este centralismo, se verifica un fuerte sesgo de discriminación entre los predios urbanos (más fáciles y simples de cobrar) y los rurales: los impuestos inmobiliarios en el interior provienen, en su mayoría, de propiedades urbanas, con los impuestos a la tierra rural, estimados sólo en 20% del total (0,04 por ciento del PIB). Este porcentaje representa solo US$ 7,292 millones sobre el PIB estimado de 2012 (US$ 18.230 millones).
Haciendo un cálculo bien simple, usando valores cercanos a los precios de mercado para las propiedades consideradas rurales de los departamentos del Paraguay, el potencial total de lo que se podría recaudar con el impuesto inmobiliario sobre la tierra rural se estima, de forma muy conservadora, en US$ 105 millones anuales, equivalentes a alrededor del 1,1% del PIB.
Costo de oportunidad
Si se compara este monto con las recaudaciones de impuesto inmobiliario sobre la tierra rural en la actualidad, se constata que es de solo un 0,04% del PIB. Obviamente, la diferencia entre estas dos estimaciones representa el costo de oportunidad de mantener el régimen de impuesto inmobiliario existente, pero muestra también –de manera inequívoca– el tremendo potencial que puede estar en manos de las administraciones municipales, para aumentar sus presupuestos, logrando una descentralización fiscal sostenible y, de cierta forma, blindada, pues es financiada por fuentes de ingresos propios y “genuinos”; sin depender de la bondad del inquilino de turno en Hacienda. Será fundamental el mejoramiento de capacidades instaladas en los municipios, dijo.
Resistencia
Para el ingeniero agrónomo Garay es comprensible la resistencia que podría generar esta propuesta en sectores, tanto políticos como de los grandes propietarios y especuladores de la tierra en el país. Sin embargo, la cantidad de recursos que generaría puede ser destinada a planes, programas y proyectos de diversa índole que apunten al bienestar general con justicia social para la población paraguaya, entre los cuales se beneficiará también –tarde o temprano– al gran capital o burguesía al propenderse a una menor conflictividad y mejor convivencia entre el capital y el trabajo en el campo, hoy explotado de manera absurdamente sanguinaria por el EPP.