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El pasado 11 de noviembre se conocieron las ofertas para la operación y administración de 12 puestos de peaje y actualmente se analizan las propuestas de tres consorcios. La versión extendida es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, adjudicará a una de estas propuestas a fin de mes, a como dé lugar.
Esta es la segunda convocatoria que se realiza con el mismo fin, pues el primer llamado se canceló sin que se aclararan los motivos. Están en carrera el Consorcio Unión, cuya oferta fue de G. 38.069.457.561; la Concesionaria de Peajes del Paraguay, con una propuesta de G. 39.617.155.425 y el Consorcio Ibiray, que cotizó en G. 29.642.664.861.
Juan Ramón Cañete, sindicalista del Ministerio de Obras Públicas, dijo ayer que la tercerización de los peajes es un negociado del que advirtieron en su momento a varios legisladores, pero que sospechosamente no se hizo nada. Aseguró que al pasar los peajes a manos privadas unos 400 trabajadores contratados pasarán a depender de la empresa que se quede con la administración por los próximos 10 años. En tanto que los 200 funcionarios nombrados serán “reubicados”, lo que en la práctica significa que se convertirán en planilleros. “Son 600 trabajadores los que están afectados directamente y 200 los que deben ser reabsorbidos, pero todos sabemos que en realidad se convertirán en planilleros”, dijo.
Niegan explicaciones
El sindicalista también se quejó del hermetismo con que conduce esta licitación el MOPC, que ni siquiera ha dado explicaciones a los trabajadores afectados.
Por indicación de la Dirección de Comunicaciones nos comunicamos ayer con la viceministra de Finanzas, Marta Benítez, pero no respondió los mensajes de texto ni las llamadas a su celular con terminación 012.
Antes de convocar a esta licitación, el MOPC pagó 11 millones de dólares por modernizar los puestos bajo el pretexto de aumentar la recaudación. El mismo pretexto usan ahora para justificar la privatización.