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Luego de invertir más de 66.000 millones de guaraníes en una primera licitación y otros 1.800 millones de guaraníes en la segunda, con el pretexto de aumentar la recaudación, el MOPC está ahora a punto de privatizar los peajes. La oferta ya adjudicada pertenece al consorcio formado por las empresas Ramón C. Álvarez, de Uruguay, y CDD (César Daniel Delgado), de nuestro país. En el caso de la compañía uruguaya existen indicios de que presentó documentos falsos para acreditar su experiencia.
En lugar de cancelar el llamado a licitación, teniendo la posibilidad de hacerlo, el Ministerio de Obras Públicas espera desde diciembre último un informe de la Cancillería uruguaya sobre documentos que presentó el oferente en cuestión.
Sobre este tema intentamos conversar ayer con la viceministra de Finanzas, Marta Benítez, pero no pudimos hacerlo. Prometió concedernos una entrevista el lunes por la mañana.
No obstante, fuentes cercanas a la Dirección de Finanzas manifiestan que la cartera no tiene intenciones de cancelar este llamado, puesto que se trataría de un negocio asegurado para un grupo de empresas.
Tan pronto como asumió la actual administración del MOPC se produjo una suba general en el costo del peaje, para toda clase de vehículos. La justificación fue la necesidad de aumentar la recaudación.
Con el mismo pretexto se convocaron licitaciones millonarias para modernizar los puestos; la supuesta necesidad de llegar a 100 millones de dólares por año en recaudación para mantener toda la red vial nacional.
Paradójicamente, el MOPC pretende pagarle 72 millones de dólares al consorcio adjudicado en la tercerización para que opere todo el sistema y administre la recaudación. Se trata de una licitación muy resistida también entre los trabajadores de los peajes. El MOPC habla de reubicar a unos 200 funcionarios, que en la práctica, según ellos dicen, pasarían a convertirse en realidad en planilleros.