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La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) recibirá en su presupuesto 2016 de Hacienda 242 créditos hipotecarios vencidos sobre viviendas del barrio San Blas de Ypané. Las garantías fueron otorgadas en su momento a favor del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), actualmente en proceso de liquidación.
A su vez, Hacienda había recibido estos créditos de la quiebra del BNT como parte de pago de una vieja deuda de más de G. 8.000 millones que mantenía el banco con la Cartera en el momento de producirse la convocatoria a acreedores.
Si bien la transferencia ya fue aprobada por el juez Hugo Becker, no se concretará antes de que se formalice la misma en el presupuesto que le aprueben a la Senavitat.
La salida procesal ideada por los abogados al problema de la falta de regularización era que los ocupantes actuales le transfirieran a Senavitat los inmuebles bajo la figura jurídica de la “dación en pago”, como parte de pago por los créditos vencidos. Sin embargo, gran parte de los ocupantes actuales no son los deudores originales. Es decir, las viviendas fueron abandonadas y vueltas a ocupar por terceros, según el director jurídico de Senavitat, el abogado Enrique Mercado.
Según el mismo procedimiento y de acuerdo con las explicaciones de Mercado, lo que haría la Senavitat es volver a transferir estas viviendas a los deudores hipotecarios, pero esta vez como beneficiarios de un programa habitacional, con el objetivo de que puedan seguir pagando.
El proyecto de referencia es imposible de concretar si se comprueba que los ocupantes no son los deudores originales, según explicó Mercado.
Los residentes del asentamiento San Blas, quienes desde hace años luchan por la regularización de las hipotecas para no perder las viviendas, niegan que las mismas estén ocupadas por terceros.
Antonio Casco, representante de los deudores del BNT, dice que desde que se produjo la quiebra de este banco han venido buscando que las hipotecas sean administradas por la Senavitat para poder seguir pagando y no perder las viviendas y que ese proceso demoró varios años.
El dirigente niega que las casas estén siendo ocupadas por personas a cuyo nombre no están los títulos y que por tanto son terceros en la operación con el BNT.