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La propuesta sería basada en las legislaciones de Argentina y Paraguay, agrega, y debe contemplar, entre otros puntos, la distribución equitativa entre las partes de todos los beneficios derivados de la explotación del proyecto. La adjudicación a empresas o grupos de empresas que califiquen por su idoneidad y solvencia debería ser por un plazo no inferior a 30 años.
Según Samaniego, con este sistema, en Corpus se haría realidad el libre flujo de bienes, servicios, capitales y energía en el Mercosur.
“Itaipú ha invertido cerca de US$ 200 millones en la instalación de dos turbinas adicionales de 700 MW cada una, completando 20 turbinas y elevando su capacidad instalada de 12.600 MW a 14.000 MW. No obstante, las 20 turbinas no operan simultáneamente debido a un acuerdo tripartito firmado por Paraguay, Brasil y Argentina, que impide a Itaipú operar más de 18 unidades, a los efectos de evitar la erosión de las costas y problemas a la navegación aguas abajo de la presa. Corpus podría cambiar esta situación”, afirmó. Indicó que es “un proyecto conveniente por donde se lo mire, pues los gobiernos, sin inversión alguna, optimizarían la operación del río Paraná y luego del período de concesión serán propietarios”.