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Durante tres horas declaró ayer en el Ministerio Público el ingeniero Armando López, fiscalizador de la obra del “superviaducto” y testigo del viceministro de Obras Públicas, Juan Manuel Cano.
Este último está sindicado en el caso de lesión de confianza y asociación criminal contra el ministro de Obras Públicas y miembros del comité evaluador, del cual forma parte.
En su declaración López confirmó que se hicieron modificaciones en el proyecto y explicó el motivo de dichos cambios, que hicieron que variaran también los costos, según señaló ante nuestra consulta el fiscal del caso, José Dos Santos.
Según López, el monto total que se pagó con los cambios fue de 123.000 millones de guaraníes, que se encuentra dentro del marco que establecía el contrato.
Sobre este punto el ingeniero Hermann Pankow, denunciante y diseñador de la obra, alega que, como se dejaron de hacer algunos trabajos, se tuvo que pagar menos, pues según él hubo un ahorro de alrededor de US$ 3 millones.
Sin embargo, el fiscalizador manifestó que si bien se dejaron de hacer algunas obras, se realizaron otras que compensaron el costo. Es decir que lo que se ahorró allí se gastó en otros trabajos, y que estos cambios supuestamente beneficiaron a la obra para que esta se pudiera terminar en fecha.
“Lo que tenemos que hacer es una pericia para corroborar si realmente se compensó el costo manifestado por el fiscalizador”, señaló el fiscal Dos Santos.
Fueron siete las modificaciones confirmadas por López, entre las que se encuentran el espesor de la losa (de 1 metro pasó a tener 35 cm), que llevó al cambio en la forma en que se drenaría el agua; se cambió la ubicación del pozo de bombeo, que en este caso se colocó más cerca del viaducto.
“La conclusión a la cual llega esta Fiscalía es que necesariamente vamos a tener que realizar una pericia con expertos para cuantificar el monto global de la obra. En esta semana vamos a sacar la resolución y a designar un perito del Ministerio Público para que se haga esa evaluación”, indicó.
El ingeniero René Peralbo, funcionario del MOPC y segundo testigo de Juan Manuel Cano, declarará hoy a las 8:00 en la oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía.
Según datos oficiales, el MOPC adjudicó la obra del “superviaducto” por G. 124.210 millones a la firma del grupo Isolux Corsán, actualmente citada en medio de una investigación de la Justicia española sobre una red de pagos de comisiones para conseguir adjudicaciones de obras en otros países, entre ellos Paraguay.