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El mismo día –viernes pasado– en que el Estado fue a depositar su demanda y los documentos respaldatorios en el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), donde funciona el Tribunal arbitral que definirá la suerte de Acepar, la Procuraduría General recibió la noticia de que un juzgado dictó una medida cautelar para permitir que empresas de Sergio Tasselli, anterior titular de Cerro Lorito SA, puedan tomar parte del arbitraje.
Según resolución del juez Hugo Hernán Morán, Sideri Bros SA y Coulter Business (firmas poco conocidas a nivel local y que la Procuraduría atribuye a Tasselli) pueden intervenir en el arbitraje “como terceros en las cuestiones en que Insidsa y Sergio M. Ferreira G., como accionistas de Cerro Lorito SA, actúen en defensa de los intereses” de esta firma.
Insidsa es el consorcio paraguayo que en abril de 2013 adquirió de Tasselli las acciones de Cerro Lorito, que a su vez es accionista de Cosipar, el consorcio comprador de Acepar.
En estas circunstancias, el citado empresario ítalo-argentino no debería tener ninguna participación en el arbitraje, desde el punto de vista de la Procuraduría, cuyos responsables se mostraron extrañados por la medida dictada por el juez Morán.
Fuentes de la citada institución, que actúa como representante legal del Estado, creen que lo que verdaderamente teme Tasselli es la acción judicial que la Procuraduría está decidido a interponer en el caso de que el arbitraje le sea favorable y se recupere Acepar. La idea es pedir resarcimientos por daños y perjuicios a los anteriores administradores, entre quienes figura precisamente Tasselli, quien estuvo al frente de la acería entre el 2004 y el 2013.
Por otro lado, del pasivo de casi US$ 56 millones que tiene Acepar, unos 22 millones corresponden a supuestos préstamos cedidos por el citado ejecutivo y algunas de sus empresas. “Hay muchos intereses en juego, pero la participación de Tasselli en el arbitraje no cabe”, alegaron las fuentes, que pidieron no ser citadas.
En Insidsa, nada saben
Sobre este tema, nuestro diario consultó también ayer con fuentes del consorcio Insidsa, que aclararon que ellos nada tienen que ver con la decisión asumida por Tasselli de recurrir a un tribunal para entrar a litigar en el actual arbitraje. Confirmaron que efectivamente Tasselli les traspasó todos los derechos sobre Cerro Lorito SA y que con base en ello entraron el año pasado a tratar de revivir la fábrica, hasta que fueron apartados por la intervención estatal en el mes de noviembre.
“Lo único que hicimos es haber puesto la ilusión de levantar de nuevo Acepar y mucho de nuestro dinero (más de US$ 10 millones), y ahora no tenemos otra opción que defender nuestros derechos en el arbitraje”, expresaron las fuentes, que prefirieron no ser citadas.
La Cooperativa de Trabajadores Cootrapar, con derechos sobre el 33,3% de las acciones de Acepar, también ya aclaró a través de su dirigente Hugo González Chirico que entrará a defenderse en el arbitraje, pero sin alianza alguna con Tasselli.
Lo que reclama el Estado
La demanda del Estado apunta a la recuperación de Acepar, cuyo proceso de privatización comenzó en 1997 y debía cerrarse el 10 de noviembre de 2009, pero un día antes los plazos quedaron congelados al decidir el gobierno de entonces solicitar un arbitraje sobre incumplimientos del contrato, atribuidos a los compradores. Este año, el Poder Ejecutivo retomó las gestiones y tras integrarse el Tribunal Arbitral, el viernes último presentó oficialmente el texto de la demanda, de 420 páginas, además de 17.000 hojas de documentaciones, publicaciones y alegatos respaldatorios. Actualmente, y desde hace unos meses, la planta de Acepar, situada en Villa Hayes, está arrendada a la empresa brasileña Vetorial SA.