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Con una tasación amañada de Aduanas, se está preparando el blanqueo oficial de la subvaluación de 30 barcazas usadas importadas por la firma Ocecanpar SA, del grupo UABL. El tasador avaló el ínfimo valor unitario de US$ 70.000 CIF Asunción, declarado con documentos falsos admitido por la firma involucrada cuando que el costo mínimo rondaría los US$ 300.000.
El técnico divulgador (tasador) de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Jesús J. Vargas D., emitió un "análisis del valor consignado en el despacho de importación" de las 30 barcazas usadas importadas por la firma Oceanpar SA del Grupo UABL.
El "análisis del valor consignado" evidencia la intención de blanquear la evasión de impuestos cometida con la subvaluación de las barcazas, ya que el valor unitario declarado en el despacho Nº 05001IC94991448J es de US$ 70.000 por cada barcaza del tipo Mississippi, más el costo también subvaluado del flete (US$ 3.000) e igual del seguro correspondiente (US$ 700).
Valores referenciales indican que el costo mínimo de cada barcaza usada tendría que rondar US$ 300.000 para adecuar los montos a lo dispuesto por el Sistema GATT, del que Paraguay es signatario. Este prohíbe la importación de bienes usados a un valor menor al 50% del original (en este caso entre US$ 600.000 y 700.000). Para evidenciar el manipulado valor unitario del técnico Vargas, cabe consignar que despachos aduaneros de embarcaciones similares importadas por la firma Cargill consignan como valor unitario de las barcazas en por lo menos US$ 229.369.
Además, se consigna que el costo unitario del flete es de US$ 83.000 dólares y de US$ 3.300.
La evasión impositiva perpetrada por Oceanpar SA fue denunciada por integrantes de la ONG denominada "Patriotas en Acción".
Responsables de Oceanpar SA admitieron en el proceso penal abreviado la falsedad de los documentos de las barcazas y aceptaron pagar una multa de G. 100 millones para evitar una condena criminal.
Las "perlas" del análisis
El informe o análisis elevado por el técnico Vargas contiene sugestivas revelaciones y acotaciones.
Por ejemplo, señala que el original del amañado despacho aduanero, que amparó la subvaluada importación "no está (o desapareció convenientemente) en el Departamento del Archivo Central de Aduanas. Consigna Vargas que tampoco fue agregado al expediente sumarial el expediente General Nº 1003/08 Acta Detave Nº 102/08 que evidenciaba una tasación de una barcaza más pequeña hecha por la propia DNA y que consignaba un valor de US$ 339.000 (documento que sirvió originalmente para comparar valores).
Con estas sugestivas acotaciones, señala que el análisis de los elementos que tuvo a la vista (agregados por la defensa de Oceanpar) pudo determinar los siguientes valores (ver reproducción izq.):
Valor de compra de la barcaza: US$ 70.000, costo del flete: US$ 3.000, costo del seguro: US$ 700, total US$ 73.700 (comparar estas cifras con la importación realizada por Cargill).
Además, el complaciente técnico tasador desecha las cifras de otros despachos ya concluidos, porque "son inaplicables desde el punto de vista técnico... y no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de tasación subvaluada (¿?)".
Por su parte, la DNA se limitó a señalar que el caso es investigado "en un sumario abierto en agosto del 2009, con relación a 30 barcazas traídas por la firma Oceanpar SA bajo la figura de leasing (sic), y el juez sumariante es Aníbal Pangrazio, quien realiza diligencias para esclarecer los hechos vinculados al caso".
jcdevargas@abc.com.py - ccaceres@abc.com.py
El técnico divulgador (tasador) de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Jesús J. Vargas D., emitió un "análisis del valor consignado en el despacho de importación" de las 30 barcazas usadas importadas por la firma Oceanpar SA del Grupo UABL.
El "análisis del valor consignado" evidencia la intención de blanquear la evasión de impuestos cometida con la subvaluación de las barcazas, ya que el valor unitario declarado en el despacho Nº 05001IC94991448J es de US$ 70.000 por cada barcaza del tipo Mississippi, más el costo también subvaluado del flete (US$ 3.000) e igual del seguro correspondiente (US$ 700).
Valores referenciales indican que el costo mínimo de cada barcaza usada tendría que rondar US$ 300.000 para adecuar los montos a lo dispuesto por el Sistema GATT, del que Paraguay es signatario. Este prohíbe la importación de bienes usados a un valor menor al 50% del original (en este caso entre US$ 600.000 y 700.000). Para evidenciar el manipulado valor unitario del técnico Vargas, cabe consignar que despachos aduaneros de embarcaciones similares importadas por la firma Cargill consignan como valor unitario de las barcazas en por lo menos US$ 229.369.
Además, se consigna que el costo unitario del flete es de US$ 83.000 dólares y de US$ 3.300.
La evasión impositiva perpetrada por Oceanpar SA fue denunciada por integrantes de la ONG denominada "Patriotas en Acción".
Responsables de Oceanpar SA admitieron en el proceso penal abreviado la falsedad de los documentos de las barcazas y aceptaron pagar una multa de G. 100 millones para evitar una condena criminal.
Las "perlas" del análisis
El informe o análisis elevado por el técnico Vargas contiene sugestivas revelaciones y acotaciones.
Por ejemplo, señala que el original del amañado despacho aduanero, que amparó la subvaluada importación "no está (o desapareció convenientemente) en el Departamento del Archivo Central de Aduanas. Consigna Vargas que tampoco fue agregado al expediente sumarial el expediente General Nº 1003/08 Acta Detave Nº 102/08 que evidenciaba una tasación de una barcaza más pequeña hecha por la propia DNA y que consignaba un valor de US$ 339.000 (documento que sirvió originalmente para comparar valores).
Con estas sugestivas acotaciones, señala que el análisis de los elementos que tuvo a la vista (agregados por la defensa de Oceanpar) pudo determinar los siguientes valores (ver reproducción izq.):
Valor de compra de la barcaza: US$ 70.000, costo del flete: US$ 3.000, costo del seguro: US$ 700, total US$ 73.700 (comparar estas cifras con la importación realizada por Cargill).
Además, el complaciente técnico tasador desecha las cifras de otros despachos ya concluidos, porque "son inaplicables desde el punto de vista técnico... y no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de tasación subvaluada (¿?)".
Por su parte, la DNA se limitó a señalar que el caso es investigado "en un sumario abierto en agosto del 2009, con relación a 30 barcazas traídas por la firma Oceanpar SA bajo la figura de leasing (sic), y el juez sumariante es Aníbal Pangrazio, quien realiza diligencias para esclarecer los hechos vinculados al caso".
jcdevargas@abc.com.py - ccaceres@abc.com.py