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Un informe que muestra la evolución del precio monómico medio que incluye el transporte de la energía en el año 2016, indica que en promedio los números se incrementaron luego de que el gobierno de Mauricio Macri decidiera eliminar los subsidios a las compañías de electricidad.
De este modo, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) de la Argentina, el año pasado se pagó en promedio por la electricidad unos 70,4 US$/MWh incluidos los servicios de transmisión.
En el mismo periodo, la central hidroeléctrica de Yacyretá cerró con una producción récord de 21.627.461 MWh de energía; de los cuales el 88,6% fueron suministrados al sistema argentino.
Las condiciones favorables del río Paraná a lo largo del 2016 permitieron a la central hidroeléctrica de Yacyretá alcanzar una marca récord en generación anual de energía, para beneficio principalmente del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que retiró un total de 19.168.572,5 MWh.
Como el precio de la energía de Yacyretá se rige por los términos de la Nota Reversal de 1992 –no ratificada por Paraguay y por consiguiente considerada ilegal– la facturación que la entidad a la Argentina es de unos 44 US$/MWh, lo que da un monto total de US$ 843.417.190, que es lo que debiera abonar la compañía estatal argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa) por la energía. Si la binacional hubiera comercializado la energía al precio de mercado en Argentina, el monto facturado debió ser unos US$ 1.349.467.504.
Sin embargo, extrañamente, según declaraciones del propio director paraguayo de la entidad, Ing. Ángel María Recalde, la hidroeléctrica ya no factura los US$ 900 millones al año por la venta de energía, sino que se redujo a US$ 700 millones y de ese total, ingresan realmente solo US$ 500 millones, puesto que US$ 200 millones son retenidos por el Gobierno argentino, por medio de una disposición interna del Ministerio de Energía.
No deja de llamar la atención la desprolijidad en el manejo de las cuentas de la EBY; siendo que precisamente uno de los puntos que propugna Paraguay como prioridad en la revisión del Anexo C es la “clarificación de las cuentas”.