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“Esa es la cabeza del proceso”, dijo en referencia a la causa que promovió su organización ante el Ministerio Público contra personas innominadas.
Al respecto indicó que también hay una ampliación de la denuncia en contra del ingeniero Ángel María Recalde, “porque él sigue reconociendo que la EBY aplica de manera provisoria la NR 92. “Eso no es posible, ni siquiera un segundo se pueden apartar de lo previsto en el Tratado, estando plenamente vigentes los términos del Anexo C, que en el orden de prelación de las leyes tienen la obligación de respetar, porque en jerarquía está inmediatamente después de la propia Constitución Nacional. Ellos (los directivos de Yacyretá) quieren justificar la violación diciendo que es de manera provisoria”, señaló.
Apuntó que aunque haya una controversia relacionada con la interpretación del tratado o su aplicación, debe aplicarse el Anexo C.
“No se puede utilizar una norma jurídicamente inexistente para la República del Paraguay como es la NR 92. Esta es la prueba de que en nuestro país no existe el Estado de derecho y que gracias a la impunidad que les garantiza el Poder Judicial y el Ministerio Público, estos delincuentes manejan la entidad binacional como si fueran empresas suyas en perjuicio del Paraguay y la Argentina inclusive, porque a menores ingresos para Yacyretá también disminuyen los beneficios para ambos países”, afirmó el abogado Cardozo, quien insistió que la tarifa actual es ilegal.