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El Banco Nacional de Trabajadores (BNT) entró en crisis en 1998. Tras la liquidación practicada por el Banco Central del Paraguay (BCP) esta última pidió la quiebra de la entidad a principios del 99. Precisamente, para este trámite el Central encomendó la tarea a uno de sus apoderados, un abogado, funcionario del ente estatal, de nombre Francisco F. González Colmán.
La ley establece expresamente que solo el BCP puede solicitar la quiebra de las entidades financieras. El abogado González también solicitó la inclusión del crédito de la entidad matriz en el citado proceso del BNT.
Vale decir, se trata de dos actuaciones ordenadas por la ley y en cumplimiento de una misión oficial del BCP, como vigilante de la estabilidad del sistema financiero. Igualmente, cabe aclarar que son cuestiones casi de mero trámite, que no requieren una preparación, estudio, formulación de estrategia especial o similar, ya que estas intervenciones suponen escritos judiciales que no superan las dos carillas.
Tras estas actuaciones, el abogado Francisco González solicitó la regulación de honorarios aún siendo funcionario, luego esperó a retirarse del BCP (el plazo para ejecutar los honorarios según la ley es de diez años) para ejecutar los pagos al Banco Central.
El Banco interpuso los recursos pertinentes e impulsó todo tipo de argumentos ante la Justicia, pero perdió en todas las instancias. Sobre este punto, ABC ampliará en sus próximas ediciones para que sus lectores aprecien con claridad la manera en que la Justicia obvió expresas normas constitucionales y legales.
Lo más llamativo del caso, sin embargo, tiene relación con lo ocurrido a principios de este año. El BCP no incluyó el monto de los honorarios de González en su proyecto de presupuesto 2013 que remitió el Ejecutivo al Congreso. Sin embargo, sorpresivamente, la cifra de G. 3.138 millones apareció, finalmente, en la ley sancionada.
Pero la historia no termina allí. La norma presupuestaria fue promulgada por el Ejecutivo en los primeros días del mes de enero de este año. La feria judicial, en la que los juzgados hacen una pausa en sus tareas, se extendió por todo el mes de enero.
Lo suspicaz es que ni bien el Poder Judicial retomó sus actividades, el 1 de febrero pasado, el juez de Primera Instancia del Séptimo Turno en lo Civil, Hugo Bécker, ya hizo llegar al BCP, a las 10:55, la orden de pago al abogado González de los G. 3.138 millones.
Un Parlamento que incluye lo que no se le pide y un Juzgado apurado en que se pague a un abogado, son condimentos suficientes de una fundada sospecha.
Maniobra en el Congreso
El BCP envió al Ejecutivo un proyecto de presupuesto para el 2013 que contemplaba un rubro “910 Pago de impuestos, tasas, gastos judiciales” por valor de G. 6.839 millones. El Ejecutivo respetó esta solicitud y remitió al Congreso la misma cifra. Los legisladores, sin embargo, aprobaron una ley de presupuesto con G. 9.977 millones en el citado rubro. Casualmente, la diferencia de G. 3.138 millones es el monto de los honorarios reclamados al BCP por el abogado Francisco González.