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A pesar de que el escenario sobre el origen de las mencionadas tierras altoparanaenses se vuelve cada vez más confuso, el Gobierno de Horacio Cartes se empeña en seguir adelante con el acuerdo firmado entre Tierra de Negocios y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El ente rural pactó la entrega de 60.269 Ha. del Chaco para pagar a la firma de referencia por 10.300 Ha. de Chino Cue, que supuestamente le pertenecen. Como no dispone de esa totalidad de tierras en el Chaco, Indert terminaría obligando al Estado a pagar la friolera de US$ 24 millones.
Contra toda lógica, el ente pretende que la opinión pública confíe en esta operación en la que se habla de la compraventa de las tierras de Chino Cue, basada en poderes otorgados por los propietarios originales, cuya legitimidad no se ha comprobado. De hecho, las rúbricas que aparecen en esos documentos son totalmente diferentes y, según explicaron ayer expertos, estaríamos ante un caso de falsificación de firmas (ver facsímiles).
Según los datos de Registros Públicos, los dueños originales de al menos 9.304 Ha. son el japonés Zuisho Hayashi, radicado en Tokio, y el ciudadano chino Lai Ching Tuenn, quien vive en EE.UU. Ambos compraron las tierras en condominio en 1977, pero no volvieron a ingresar a Paraguay.
Según los antecedentes, Hayashi otorgó un poder especial a Ching Tuenn en junio de 2004, para que este gestione el cobro de la indemnización por 3.500 Ha. de su propiedad, expropiadas por la Ley 2327 de 2003.
A su vez, Ching Tuenn otorgó un poder especial a la abogada paraguaya Mirta Aguayo Aguayo, de Alto Paraná, en julio de 2004, para que ella gestione ante el IBR (hoy Indert) el cobro de esa indemnización.
Sin embargo, los documentos presentados en la actualidad por Tierra de Negocios hacen referencia a otro poder, supuestamente otorgado por el japonés en el 2007 para la venta de 9.304 Ha. de Chino Cue, sin hacer referencia al poder anterior ni mencionar siquiera la expropiación. Las firmas que aparecen son absolutamente distintas.
Además, ¿cuál era la necesidad que tenía el japonés de otorgar un poder al ciudadano chino, atendiendo que ya le había cedido un mandato similar varios años antes? Hasta ahora, ni el Indert ni Tierra de Negocios supieron responder a esto.
Otra cuestión llamativa es que la empresa de referencia no compra directamente las tierras de los orientales, sino que lo hace a través de intermediarios, quienes coincidentemente eran funcionarios del mismo grupo empresarial. Estos son el Ing. Agr. Héctor Vidal Garay Peralta y el Abog. Amílcar Antonio Marecos Reyes, quienes después supuestamente revenden el total de 10.300 Ha. a Tierra de Negocios, creando así la figura del tercero de buena fe.
Además de todo esto, hubo una supuesta ratificación de las transacciones mediante un documento firmado por Ching Tuenn en 2011. ¿Para qué ratificar un acto si este es legítimo? Esto tampoco nos respondieron hasta hoy. En este caso, las firmas son parecidas a las del poder otorgado por el chino a la Abog. Aguayo, pero no son exactamente iguales.
No obstante, aún si hubiera una explicación lógica a la existencia de varios poderes y suponiendo que todos ellos fuesen legítimos, el título de Tierra de Negocios sería igualmente nulo, al menos el de las 3.500 Ha. expropiadas en el 2003 y declaradas latifundio improductivo, ya que al momento de la compra, las tierras ya eran del Estado.
ARP niega acuerdo
“En la Junta (Asesora del Indert) no hay ningún acuerdo” sobre el canje Chino Cue-Chaco, afirmó ayer el representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Juan Cáceres.
Resaltó que se deben tener primeramente “todos los documentos y dictámenes legales” para después analizar el acuerdo planteado por el ente rural con la empresa Tierra de Negocios, cuya vigencia se encuentra supeditada a la aprobación de la Junta del ente.
“No hay nada, estamos así como quedamos en la última reunión. Yo no tengo todavía ningún papel.
Mientras que no esté totalmente legalizado no se trata”, advirtió Cáceres.
Añadió que exigen tres puntos al Indert: Primero, la identificación de la población de Chino Cue; segundo, la legalización de la tenencia de esas tierras, como las del Chaco, con número de finca, georreferenciamiento, etc., y tercero, que cada una de las propiedades esté inscripta en Registros Públicos. “El día que eso esté legalizado, ahí vamos a pensar”, concluyó Cáceres.