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Luego de que se confirmara la acreditación de G. 3.000.000 a los funcionarios de Hacienda por un “subsidio familiar”, más instituciones liberaron fondos para pagar “extras” días antes de las elecciones.
La senadora Desirée Masi nuevamente hizo uso de su cuenta de Twitter para denunciar que al menos 11 instituciones ya pagaron un “plus” a sus funcionarios. Entre ellas se destacan la Presidencia de la República, con una erogación total de G. 1.600 millones; Relaciones Exteriores, G. 1.500 millones; MOPC, G. 7.000 millones; Ministerio del Interior, G. 1.500 millones; Ministerio de Justicia, G. 1.500 millones, y Ministerio de Hacienda G. 5.000 millones.
Se agregan también a esta repartición de subsidios antes de las internas la ANDE, con G. 10.752 millones; Essap, con cerca de G. 7.000 millones, y Petropar, G. 4.000 millones, mientras que la INC abonó el equivalente a un salario a todos sus funcionarios, incluido su titular, Jorge Méndez.
Masi explicó que basa su denuncia sobre lo declarado por las instituciones, ya que el Congreso tiene posibilidad de acceder a estos datos a través de una vinculación que tienen con el sistema del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, desde la cartera fiscal se limitaron a señalar que aún no pueden saber qué otras instituciones abonaron el plus, ya que todavía no fueron transmitidos al portal del fisco.
Bonificación familiar
La propia ministra de Hacienda, Lea Giménez, salió a defender el pago de bonificaciones a sus funcionarios, justificando que se debe a una compensación por la pérdida que sufrieron los trabajadores en el 2016 con la resolución del Ejecutivo que recortó las gratificaciones.
Según detalló, este desembolso se efectuó bajo el concepto de “subsidio familiar”. En otras palabras, la ministra justificó el procedimiento que disfraza estas gratificaciones extras a través de la figura del subsidio o ayuda familiar.
Cabe señalar que el concepto de subsidio familiar, según la Ley del Presupuesto, solo se puede pagar a aquellos funcionarios con salarios menores o equivalente al mínimo legal vigente, o sea de G. 2.041.123, por un monto de G. 35.000 mensuales, hasta tres hijos menores de 18 años.
Giménez y sus colaboradores quedaron en evidencia sobre el incumplimiento de estos requisitos para el pago del citado subsidio.
En relación a correos institucionales que instan a votar por el candidado cartista, indicaron que se realizará el procedimiento correspondiente para identificar y castigar a los responsables.