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Pedro Benítez Aldana, quien lideró el grupo, llegó a la redacción de ABC Color y exhibió un extracto de cuenta del Banco Continental SAECA donde se detallan los ingresos y egresos de la caja en el período del 1 al 31 de diciembre de 2014.
Benítez mostró que al final del año la cuenta tenía un saldo contable negativo de G. 1.925 millones que, según explicó, es un “serio indicio de quiebre”.
Indicó que la caja acude a sobregiros –préstamos realizados cuando la erogación supera a los ingresos– para pagar los sueldos de los aproximadamente 1.600 jubilados en el mes de diciembre y sospechan que la caja recurrirá a un préstamo para cubrir el saldo negativo para pagar los haberes del mes de enero.
Señaló que esta operación está prohibida por la ley de Administración Financiera, la 1535/2000 que establece que “los préstamos contratados por la Administración Central y transferidos a los organismos y entidades descentralizadas, y los que cuentan con garantía del Tesoro Público deberán ser formalizados a través de la suscripción de contratos entre las partes”.
Dijo que los préstamos a los que se recurrirá para pagar los haberes de enero deben ser autorizados por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, y el Congreso Nacional.
Sindicó a Luis Caballero Candia, presidente de la Caja y a los miembros Bernabé Peralta, René Medina, Venancio Díaz, Stella Galeano además de los intendentes de Lambaré y San Miguel, Roberto Cárdenas y Venancio Díaz como responsables.
Por su parte, el presidente de la Caja señaló que como el 31 de diciembre es asueto bancario recién pudieron depositar los cheques de las municipalidades el 5 de enero, por lo que el desembolso no figura en el extracto al cierre de diciembre, que fue exhibido por el grupo de jubilados denunciantes.
Indicó que se regularizó la situación y que los jubilados podrán cobrar normalmente sus haberes esta semana. Reconoció que en diciembre hubo atrasos debido a que a finales de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en las que él y su equipo fueron reelectos.
Caballero Candia acusó a Pedro Benítez Aldana de encabezar una “persecución manipulada y dirigida” en su contra, luego de que una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) le privó del beneficio de su calidad de jubilado, a mediados del año 2013.
Viviana Brioschi, directora de Recaudaciones, desmintió al grupo y expresó que tuvieron una recaudación de G. 101.000 millones, 84% de la meta que era G. 121.000 millones.