Cargando...
La cooperativa en cuestión arregló con Aguilera el pago de la citada cantidad, habiendo causas pendientes en la justicia. De acuerdo con los antecedentes recogidos por los agentes interventores del Incoop, el cuestionado directivo, quien además es decano de la Universidad Nacional de Pilar y concejal en la misma ciudad por el PLRA, se desempeñó como gerente de la cooperativa y fue desvinculado de la misma en diciembre de 2013 por sospechas en su gestión.
Sin embargo, en enero de 2014, Aguilera interpone una demanda laboral para pedir nulidad de despido, reintegro al trabajo y cobro en conceptos laborales, causa que aún no fue finiquitada judicialmente y que podría significar otra erogación a la cooperativa en el futuro.
Luego, en abril del mismo año, la cooperativa realiza la demanda penal contra la extesorera Perla Mileva Gutiérrez y el exgerente Diosnel Aguilera, e inicia una causa por hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza) entre otros.
Imputación
Debido a la gravedad de la denuncia y con base en el testimonio de la extesorera, quien confesó pormenores de algunas operaciones, como reposiciones ficticias en el cajero automático y depósitos en cuentas personales del gerente, el Ministerio Público imputó en julio de 2014 a Gutiérrez y en agosto del mismo año amplió la imputación a Aguilera.
Hasta hoy ningún juzgado ha logrado imponer medidas al citado, primero por la inhibición de los jueces, y también porque el cuestionado dirigente no se presentó a posteriores convocatorias.
Llamativamente y pese a la causa abierta en su contra, Diosnel Aguilera se presentó para elecciones en la cooperativa que lo demandó en abril de 2015 y finalmente entró en el Consejo Directivo como miembro titular.
Apenas asumió el cargo, el dirigente propuso un arreglo por las causas judiciales abiertas por un monto de G. 350.080.106 en concepto de salarios y demás indemnizaciones, incluyendo además en el cálculo los meses por los cuales él ya percibió remuneraciones por su cargo directivo en la cooperativa. Al respecto, Coodeñe ignoró los dictámenes de sus asesores jurídicos.
Dictámenes en contra
Por un lado, el abogado Lucas Barrios recomendó al Consejo de Coodeñe no negociar ni conciliar absolutamente nada en el proceso laboral hasta tanto exista una sentencia de primera instancia en ese juicio laboral, salvo que las negociaciones impliquen además un acuerdo y conciliación en el proceso penal que tiene pendiente el exgerente por el supuesto fraude que se lo acusa y que incluya una reparación de los daños.
En otro dictamen, el abogado Luis Abel Encina advirtió e hizo mención a errores de cálculo a favor de Aguilera, como el doble cobro de honorarios, ya que se incluyeron los meses en los cuales el ya se desempeñaba como directivo de la cooperativa. Tras la renuncia en octubre pasado del entonces presidente de la Cooperativa, Nelson Mellanes, Aguilera asumió la presidencia de Coodeñe, incluso pasando por alto una recomendación de la Junta de Vigilancia de que se retire hasta tanto se resuelvan los procesos en su contra.
Finalmente, Incoop decidió intervenir la cooperativa por 90 días a principios de este mes, alegando problemas de gobernabilidad, en función del nuevo marco regulador que entró en vigencia en setiembre último, y donde se prohibe a dirigentes imputados por fraudes a ocupar cargos.
Fuerte respaldo político
Aguilera cuenta con un fuerte respaldo político del PLRA, y entre sus leales se encuentra el gobernador de Ñeembucú, Carlos Silva, quien estuvo presente en una manifestación contra la medida del Incoop.
Por otra parte, en plena sesión de la Cámara Baja, el diputado Víctor Ríos (PLRA) criticó recientemente al Incoop justamente por intervenir la cooperativa, y calificó esta acción como “arbitraria e inconstitucional”, en defensa de su correligionario. Aguilera es suplente del diputado Ríos a nivel legislativo.
La intervención de la Cooperativa registró depósitos de fuertes sumas de dinero esta semana, por parte de socios que respaldan la gestión de Aguilera, quien apunta además a las municipales del 2018.