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Ganan el doble o triple del salario mínimo legal y no cumplen con la tarea encomendada y mucho menos con el horario establecido. Se trata de un grupo de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que fue comisionado a otras entidades públicas, a pedido de autoridades de turno.
Uno de esos funcionarios es Marcos Arellano, asistente administrativo, destinado a la Gobernación de Paraguarí y cuyo salario mensual ronda los G. 5.100.000. Según datos de esa institución, solo acude para retirar su planilla. Otra administrativo del regulador enviada a la citada institución es Fátima Cano, con salario de G. 4.291.000.
José Ferreira, jefe de Recursos Humanos de la Gobernación, no supo responder sobre la tarea desempeñada por dichos funcionarios. En el caso de Cano, refirió que hace “trabajo de campo”. Cuando se le preguntó qué tipo de trabajo, cortó abruptamente el teléfono. Finalmente, en Conatel informaron que Cano había regresado este año. Al parecer, ese dato nunca llegó a Recursos Humanos de la Gobernación de Paraguarí.
Antonio Zorrilla, profesional II, con un salario de G. 7.663.000, es otro funcionario a quien nadie conoce en el ente al que fue destinado. Los documentos que obran en la web del regulador refieren que debe cumplir funciones en la Municipalidad de Villarrica, pero allí nadie lo conoce.
Tampoco conocen en la Comuna de San Lorenzo a Karyn Vargas, asistente administrativa, con sueldo de G. 4.291.000. En recursos humanos de la Municipalidad informaron que está asignada al departamento de salubridad. Sin embargo, en el sitio, nadie la supo identificar. Volvimos a hablar con Recursos Humanos para informarle sobre el tema. La dudosa respuesta de la persona que atendió nuestra llamada supuestamente “después de verificar”, indicó que Karyn estaba asignada a ese departamento, pero justo en ese preciso momento no se encontraba.
Muchos planilleros
Otros funcionarios imposibles de ubicar, pese a nuestra insistente búsqueda, son los destinados a la Gobernación Central, Zacarías Torres (G. 3.982.000) como auxiliar administrativo y Sonia Mosqueira (G. 6.657.000), profesional I.
Otra comisionada más parecida a un fantasma es María del Mar Pereira, profesional II (G. 8.918.000), comisionada este año al Banco Central del Paraguay (BCP). Ya tiene dos preavisos para que comparezca, informaron en la matriz bancaria. Pereira estuvo destinada a Senadores en 2014. Tampoco logramos ubicar a Alberto Romero (G. 5.583.000), comisionado a la Municipalidad de San Miguel; Numa Guillén (G. 6.769.000) a la Gobernación de Misiones; Lilian Gullón, destinada al INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), profesional II (G. 8.153.000) y Carol Talavera, asistente administrativo (G. 4.291.000), comisionada a la Municipalidad de Asunción. En recursos humanos de la Comuna capitalina nos dijeron, en un principio, que Talavera estaba en la oficina de Relaciones Institucionales y como no la ubicamos, cambiaron la dependencia mencionada a Relaciones Internacionales. En Conatel tampoco sabían en qué oficina cumplía funciones, pero aseguraron que “en un control aleatorio contactaron con ella”.
Ramona Garay, profesional I, con salario de G. 7.300.000, comisionada a la Industria Nacional de Cemento (INC) fue otra a quien no logramos ubicar. De la central telefónica nos derivaron a Recursos Humanos, donde nos indicaron que se encontraba en Gerencia Administrativa. Trasladaron la comunicación a dicha dependencia, pero nadie contestó. Así como existen funcionarios que no cumplen su función, hay otros que sí lo hacen. A varios los ubicamos fácilmente en sus sitios de comisionamiento, pero a otros costó trabajo porque definitivamente no concurren a sus puestos de labor.
Hacen “control aleatorio”
César Arce, gerente de Talento Humano del ente regulador, explicó a nuestro diario que los funcionarios comisionados llenan una planilla de asistencia diaria y que la gerencia realiza su propio control semanal o quincenal. “Verificamos aleatoriamente en los lugares donde ellos cumplen funciones, pero la resolución responsabiliza a la entidad de destino que pide por el comisionado. Lógicamente tiene que tener comprobada la asistencia con base en un reporte que ellos envían mensualmente”, señaló.
Agregó que “tiene mucho que ver con la responsabilidad” de la persona y de las instituciones que solicitan. “Los que deben controlar son ellos. Nosotros tenemos acá 10 comisionados de otras instituciones. Y están bajo estricto control. No enviaremos registro de asistencia por un planillero”, concluyó.