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El también interventor del Indert denuncia que se han cometido (presumiblemente) hechos de corrupción por parte de “funcionarios públicos infieles”, durante la administración de Vidal Francia Zaracho, cuando era presidente de la República Fernando Lugo, a través de la Licitación y Convocatoria de Alianza Público Privada N° 01/09.
El propósito del llamado era la explotación comercial de los silos horizontales que la ANNP posee en el puerto franco de Paranaguá, Brasil, que en la actualidad requieren de una urgente actualización, exigida -de hecho- por las autoridades portuarias brasileñas. La denuncia señala que dicha licitación habría sido adjudicada irregularmente al “Consorcio Mercosul” (paraguayo-brasileño), cuyo apoderado es un tal Jaime Zorzetto.
La presentación al Ministerio Público sostiene que existen documentaciones, entre las que se menciona el informe del asesor jurídico de la ANNP, Abog. Pedro Candia, de fecha 3 de junio del 2013, al igual que el Memorándum Nº 7, de la gerencia administrativa de la ANNP, remitida al entonces presidente Vidal Francia Zaracho, y las notas CGR Nº 7289, del 16 de diciembre del 2010, como la 4152, de fecha 2 de julio del 2010, ambas de la Contraloría General de la República.
Añade que en esos informes se cuestiona el actuar omisivo y negligente del ex procurador general de la República, José Enrique García, al igual que la gestión de los anteriores responsables de la Asesoría Jurídica de la ANNP, quienes no habrían recurrido el fallo del Tribunal de Cuentas, al cual se califica como una “conducta prevaricadora”, y que deben investigarse a través de la presente causa.
En el escrito remitido al fiscal general adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Abog. Carlos Arregui, Ramírez Montalbetti menciona igualmente un informe elaborado sobre el caso por el ex contralor general de la República, Octavio Airaldi, quien había informado al presidente de la ANNP sobre la indebida adjudicación que en principio se hizo a favor de la empresa Gical SA, por la inobservancia de los requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones, refiriéndose de manera específica a la habilitación operativa de Puertos en Paranaguá.
Revisión
De acuerdo a los antecedentes, la ANNP, tras anular la adjudicación de la licitación a la firma Gical SA, procedió a firmar el contrato pertinente con el Consorcio Mercosul, en febrero del 2012 (todavía durante el Gobierno de Lugo). Sin embargo, el titular de la entidad pública, Fernando Nicora, informaba el 22 de agosto del año pasado a la adjudicataria que ha ordenado la íntegra verificación de todo el proceso licitatorio, a los efectos de determinar su legalidad y legitimidad.
El propósito es salvaguardar los intereses de la institución, considerando la supuesta existencia de cláusulas que son inconvenientes y perjudiciales para el Estado paraguayo. Además, existe la sospecha de que uno de los componentes del citado consorcio es apenas una firma de escritorio.