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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ha defendido en los últimos años la implementación del catastro rural al que denominaron Sistema de Información de los Recursos de la Tierra (SIRT). Es un trabajo de relevo de datos de los lotes fiscales, para saber quién los ocupa, si tiene o no título y si cumple los requisitos del estatuto agrario.
Hasta ahí toda la propaganda oficial del presidente del Indert, Justo Cárdenas, suena hasta convincente. Para Cárdenas, el SIRT es el “mayor legado” en materia de reforma agraria que ha dejado el Gobierno de Horacio Cartes (así lo afirmó en varias ocasiones ante la prensa).
Lo que no cuenta Cárdenas y que ahora salieron a la luz a través de un informe de la CGR son las numerosas anomalías que giran en torno al catastro rural de referencia. Los documentos hacen referencia al sobrecosto del proyecto SIRT de unos G. 2.800 millones y en este párrafo en particular, al uso de recursos de otros programas de la institución: “Fue detectada la utilización de fondos de todos los tipos de programas presupuestarios del Indert para solventar gastos de las actividades enmarcadas en el proyecto SIRT, el cual ya contaba con presupuesto aprobado”.
También se objeta al ente rural por haber delegado al PNUD la tarea de administrar los recursos del SIRT, lo que pudo haber hecho el mismo ente pero que lo llevó a cabo el organismo internacional y no gratis, sino por millonarias sumas. La auditoría de la CGR resalta esos pagos al PNUD por implementar el proyecto, “por ineficiente gestión del Indert para la administración financiera del mismo”. Al organismo se abonó más de US$ 1,5 millones entre 2014 y 2017 en concepto de “costos directos” e “indirectos”.
Pero no solamente se objetan los pagos, sino también las incongruencias entre lo declarado en principio y lo que finalmente recibió PNUD. “Se observó una diferencia de US$ 737 millones, entre lo establecido como contribuciones que serían depositabas en la cuenta bancaria del PNUD conforme al calendario de pagos y lo efectivamente transferido por el Indert, desde el ejercicio fiscal 2014 al 2017”, se lee en la documentación.
Supuestamente, según la versión del ente, el motivo de las diferencias fue que en el momento de prever los montos en dólares americanos de las “contribuciones” y el calendario de pagos, se establecieron ciertos tipos de cambios reales y que en el momento de hacer efectivos los desembolsos, hubo variaciones de la moneda. Aún así, para los auditores de la Contraloría nunca debieron darse esas diferencias.
Incumplieron ley
La Contraloría también pudo verificar que se aprobó el catastro rural en cuestión con déficit presupuestario, al menos en el ejercicio fiscal 2017. Se presupuestó la suma de G. 10.000 millones mientras que la disponibilidad presupuestaria era de G. 8.647 millones, que luego se amplió en G. 1.147 millones según resoluciones de presidencia, aunque el aumento efectivo por reprogramación real fue por G. 2.500 millones.
“Al respecto, se incumple el artículo 60 de la ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado” que hace referencia al control interno previo de estos temas, a cargo de los responsables de la administración, así como el control posterior, que es responsabilidad de la auditoría interna institucional y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
Sobre estas y otras anomalías detectadas por la CGR, Justo Cárdenas dijo a nuestro diario que enviaría una respuesta institucional del Indert, ayer. Sin embargo, hasta el cierre de esta página no recibimos la versión oficial.