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El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Seodinac), Rubén Cáceres, dijo ayer que se encuentran preparando la denuncia penal que presentarán la semana entrante ante el Ministerio Público, para que se inicie una investigación penal de todas las irregularidades relacionadas a la licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, por un contrato de alianza público-privada (APP) de 30 años. “Estamos delineando todos los puntos y estamos apuntando al comité evaluador”, aseguró.
Cuando se le consultó qué exactamente le cuestionan a los miembros del comité, y que según el sindicato debe investigar la Fiscalía, respondió que están violando la Ley de APP, y el pliego de bases y condiciones al mantener en competencia a Sacyr. Esta empresa tiene antecedentes de incumplimiento contractual en varios países.
El comité evaluador está integrado por representantes de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).
Sobre el tema, nos comunicamos ayer con la ingeniera Claudia Centurión, representante del MOPC ante el comité, pero en cuanto nos identificamos, cortó la llamada.
También, le preguntamos al representante de los trabajadores del aeropuerto si confían en la auditoría que realiza actualmente la Contraloría y respondió que no. “Nos parece que la intervención de la Contraloría solo busca que el comité se lave las manos”, dijo.
Permanencia de Sacyr
El pliego de esta licitación, así como la ley que regula las APP, dispone en su artículo 19 la imposibilidad de presentar ofertas o ser contratistas a las personas que tengan un proceso judicial o trámite por incumplimiento contractual. Así también, se establece que dichas personas no podrán actuar como miembros de un consorcio oferente o contratista ni ser subcontratistas del oferente o contratista, como sucede en este caso.
La vinculación de Sacyr con la Sociedad Aeropuerto de Murcia, que tiene antecedentes de incumplimiento en España, fue observada por el representante de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), pero, para avalar la permanencia de la empresa en competencia, la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC le pidió un dictamen al director de Asuntos Jurídicos del MOPC, Dionisio Mereles, quien contestó que no existe vinculación y, por ende, Sacyr puede seguir en carrera.
El dictamen contradice a los mismos representantes de Sacyr, quienes asumen que tienen el 67% de las acciones de la sociedad que incumplió en Murcia.