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En un llamativo manifiesto, dos de los tres sindicatos de la Aduana salieron a defender a sus asociados y hasta casi amenazaron a los investigadores fiscales que están llevando a cabo las pesquisas sobre el masivo ingreso de autos robados a nuestro país para que desistan de investigar a los aduaneros.
El manifiesto fue respaldado por el Sitrad y el Sindicato de Funcionarios Aduaneros Graduados Universitarios del Paraguay (Sifagup). El primer gremio tiene como presidente a Carlos Fernández, actual jefe de resguardo del ente, mientras que el secretario general es Kirmser.
A su vez, Sifagup tiene como secretaria general a Verónica Giménez, quien estuvo en varias aduanas como subadministradora. Actualmente ocupa ese cargo en Terport.
Ambos gremios sostienen que los funcionarios aduaneros no tienen responsabilidad en el ingreso masivo de autos robados a Paraguay. El caso fue investigado por la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA), unidad que depende de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), que posteriormente presentó la denuncia a la Fiscalía General del Estado.
Para Sitrad y Sifagup lo lógico sería que la investigación se centre en las aduanas de origen de los vehículos, ya que desde allí se permitió salir a estos automóviles sin mayores problemas.
Los sindicalistas hablan igualmente del artículo 114 del Código Aduanero, en donde se expone que es responsabilidad del declarante (el importador) hacerse cargo de la autenticidad de los documentos que acompañan a las mercaderías importadas, en este caso, vehículos.
“Rechazamos y deslindamos categóricamente toda responsabilidad y cualquier intento de involucramiento ... y advertimos que defenderemos en todas las instancias que correspondan... evitando erróneas e injustas acciones legales en contra de nuestros asociados”, dice parte del documento.
El tercer gremio de la institución, el Sindicato Nacional Aduanero (Sinaad), no acompañó el manifiesto.
En la misma Aduana
Domingo Gustavo Kirmser, secretario del Sitrad, es subadministrador de la Aduana de Caacupemí, puesto por donde ingresó a nuestro país la mayor cantidad de vehículos robados en España.
Kirmser estuvo como subadministrador en Chaco’i y es uno de los funcionarios que se mantienen hace años en puestos de relevancia dentro de la Aduana.
El anterior administrador de Caacupemí era Isidro Berino Parra, quien fue llevado con ese mismo cargo a Paksa luego de que saltara la información de que uno de los lujosos vehículos que aparecían en la nómina de los robados llegó a Paraguay a nombre de su esposa, María Dejesús Agüero.
El Ministerio Público analiza el ingreso de 206 automóviles robados en España, a cargo del fiscal Víctor Maldonado, y la entrada de otros 70 vehículos robados en Argentina y Brasil, que está a cargo de los fiscales Carmen Gubetich de Cattoni y Cristian Bernal. La mayoría ingresó con documentos falsificados.
Cancillería se desentiende
En la Cancillería Nacional igualmente insisten en que los consulados no tienen responsabilidad sobre el ingreso de autos robados con documentos falsificados a nuestro país.
Aseguran que los consulados paraguayos -por donde pasan las mercaderías- se limitan a visar los documentos de los embarques en los que se menciona el producto que va con dirección a Paraguay, pero que esta visación no legaliza el contenido de la carga. Cancillería dice que no es competencia de ellos revisar los cargamentos. Sin embargo, esa visación es una autorización legal para que la carga llegue a destino sin problemas.