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El titular del BCP, en una entrevista con ABC Color, advirtió que los costos financieros de eventuales crisis que no lleguen a asumir los accionistas podrían recaer sobre el Estado, tal como sucedió en el pasado. Esto señaló en relación con la reforma de la Ley bancaria 861/96, que debe tratarse este jueves en plenaria.
“Aquí nadie quiere perjudicar al sistema financiero. Estamos hablando de que el 10% de ese dinero que administran pertenece a los dueños de esos bancos y 90% es de otra gente. Tenemos que garantizar que esto funcione bien y que tenga suficiente capital para hacer frente a la crisis”, agregó.
Explicó que los cambios que se plantean consideran el crecimiento de la economía y del sistema en su conjunto. “Del 12% de participación en el PIB que tenían los bancos cuando se planteó la ley actual, hoy estamos hablando de un 50% sobre el producto”, insistió.
Según Fernández, las cosas vendrán más difíciles en adelante: el crédito ya no crecerá a una tasa del 30% como venía creciendo, incluso ya se notan algunas señales en el sistema como el aumento del nivel de morosidad y pedidos de reestructuración de deudas. “La cartera de reestructuración crece y el agro, que era el gran tomador de créditos en dólares, prácticamente está plano”, dijo.
“La actualización de la ley es necesaria, ya que está desfasada y ya no resulta práctica para los desafíos actuales”, señaló.
Fernández detalló que esta ley requerirá que aquellos que tienen negocios más riesgosos reúnan un poco más de capital.
El titular del ente monetario central confía en que la ley pueda aprobarse para este año, y a partir de ahí diseñar la matriz de riesgo de cada entidad. “Aquí hay bancos que manejan a 110 km por hora y otros que van a 40; entonces, tienen diferentes matrices de riesgo. Tenemos que focalizarnos en cada entidad, y que los requerimientos sean equitativos al riesgo que manejan, agregó el titular del BCP.
Previsibilidad
En cuanto al pedido de los bancos y financieras de que la ley establezca criterios más previsibles para su aplicación, el titular del BCP dijo que recogieron los comentarios y tuvieron en cuenta criterios de previsibilidad y gradualidad en la ley. Sin embargo, sostiene que los bancos tienen una temática de hacerlo tan previsible que finalmente hace que la ley sea absolutamente inflexible, ya que atacan artículos fundamentales en esta reforma.
“De hecho, tenemos mucha más previsibilidad de la que tienen las normas de los países que tienen las normas de supervisión más modernas”. “La propuesta de la Asoban es volver prácticamente a la redacción de lo que era ley en 1995, lo cual inflexibiliza totalmente muchas de las cuestiones”, añadió.
Otro punto que se quiere prever con la nueva ley es la integridad del sistema financiero con relación a los casos de lavado de dinero, ya que la actual ley limita mucho observar una cuestión clave como quien puede ser accionista o no. En este caso, la Asoban pretende que la exigencia sea desde un nivel mínimo de participación del accionista, a partir del 10% del capital.
Flexibilidad y no discrecionalidad
Fernández rechazó la acusación de discrecionalidad que el proyecto otorga al BCP y dijo que más bien buscan flexibilidad para que el regulador pueda actuar a tiempo en un sistema financiero muy dinámico y que va cambiando en el tiempo.