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En siete años, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no pudo iniciar los trabajos para la construcción de la Central Hidroeléctrica de Yguazú y, a partir de 2017, comenzará a pagar su deuda por obras, que aún no comienzan.
Peor aún, a la fecha no existe un proyecto ejecutivo para las obras de la central de Yguazú y tampoco se sabe con certeza cuánto terminará costando el emprendimiento.
La semana pasada se conocieron los precios del Lote 2 del proceso, en el cual la oferta del Consorcio Constructor Yguazú, conformado por la brasileña Camargo Correa y la paraguaya Talavera & Ortellado SA, fue de US$ 229.731.995,69, sin IVA, por lo que finalmente su oferta sería US$ 252.705.195,26.
Para este llamado, al igual que los anteriores, la ANDE se basó en un “anteproyecto” por el que la estatal ya habría pagado a la consultora japonesa Nippon Koei unos US$ 11 millones (o sea casi el 4,6% del monto comprometido para la obra), porcentaje usual para proyectos ejecutivos.
No es normal que las entidades ejecutoras de presupuestos liciten obras sobre un anteproyecto los que, como tales, no están totalmente definidos. Tampoco que en función a los mismos adjudiquen los trabajos y contraigan compromisos de pagos a medida que la constructora vaya completando el proyecto ejecutivo durante la ejecución, ignorando además la obvia incompatibilidad que existe para que una misma empresa ejerza las funciones de constructor y consultor en la misma obra.
Además, convenientemente el pliego de licitación no establece restricciones, momentos, ni plazos para “completar” el proyecto ejecutivo. La adjudicataria tendrá potestad para decidir respecto a los métodos constructivos, como sobre la magnitud de cada tarea incluidos imprevistos, adicionales, trabajos complementarios u otros cambios hasta el final de la construcción.
Una de las concursantes, señaló a ABC Color, que el “anteproyecto” licitado contiene indefiniciones que en principio, podrían representar un incremento de más del 30% en relación a las ofertas, modalidad esta que podría comprometer las finanzas de la institución. Teniendo en cuenta que este tipo de convenios no se rige por la Ley de Contrataciones Públicas, que fija un tope máximo del 20% de incremento sobre el proyecto licitado, con seguridad esta obra podría convertirse en un agujero negro para los contribuyentes.
Por tanto, resulta inexplicable que las autoridades de turno de la ANDE y de todos los gobiernos que se sucedieron en este malhadado proyecto no lo hayan objetado.
Es incompresible que los responsables de la ANDE insistan con un plan que dejará en manos del futuro contratista la posibilidad de ir aumentando costos a su conveniencia, lo sería, lisa y llanamente una estafa.