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“Pero Itamaraty no cesaba en sus pretensiones. En 1973, luego de modificar a lo largo del contexto el Tratado de Itaipú, consiguió alterar el fin y el objeto del acuerdo. En consecuencia, la producción hidroeléctrica, que debió ser dividida en partes iguales, hasta ahora solo el 7% pudo aprovechar Paraguay”, agregó.
Añadió que con esa “apropiación indebida, que hace tabla rasa del derecho internacional y sin otras fuentes alternativas más baratas que puedan suplir la electricidad suministrada por Paraguay, es poco probable que en la brevedad, como lo prometió Lula, podamos disponer de nuestra energía obligada a ceder por una tarifa irrisoria”, advirtió también.
“Con estos antecedentes, y tal vez asumiendo la peor hipótesis, se abre necesariamente otro escenario de negociación en el que solo resta exigir un precio justo por la cesión de nuestra energía”, dijo.
Pozzo apuntó como grandes dificultades, la costumbre brasileña de aplicar la “política de los hechos consumados”, sumada a la inacción de nuestras autoridades y al “blindaje jurídico” que Itaipú consiguió en nuestro país.