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La siderúrgica de Villa Hayes tiene urgencia por depurar sus deudas y tranquilizar a los acreedores debidamente documentados, y es lo que se planteó a los accionistas en la reunión del miércoles pasado. “La intención no es alarmar a nadie, porque por suerte la fábrica está a punto de producir de nuevo –ayer se probó el sector de acería y se sacó la primera varilla de prueba–, pero paralelamente está la necesidad de profundizar el saneamiento de la empresa”, explicó a nuestro diario el Ing. José L. Vinader, quien en noviembre de 2013 fue designado interventor judicial de Acepar.
Preguntado sobre si el interventor judicial no tiene la potestad suficiente para convocar por sí mismo a los acreedores, Vinader señaló que no, que precisa del visto bueno de los accionistas, en este caso los representantes de la Cooperativa Cootrapar y Cerro Lorito SA, componentes del Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), que es la contraparte del Estado en la privatización de la acería, iniciada en 1997.
Ese proceso está congelado desde finales del 2009 y actualmente es motivo de arbitraje internacional porque el Gobierno demanda la recuperación de la siderúrgica por incumplimiento de varias cláusulas del contrato de compraventa.
Según se desprende de otros informes dados por Vinader, lo paradójico de toda esta situación es que de los US$ 56 millones que aparecen como compromisos impagos, por lo menos US$ 22 millones corresponden a supuestas deudas con el empresario italoargentino Sergio Tasselli, anterior presidente de Acepar y sindicado en las denuncias hechas por Cootrapar ante la Justicia como el principal responsable de todas las pérdidas acumuladas en los últimos cinco años por la acería, que se calcula en aproximadamente US$ 60 millones.
“Si se hace la convocatoria de acreedores se va a saber cuáles deudas son reales y con documentos y cuáles no, pero hay mucha desconfianza de los accionistas, principalmente de la Cooperativa, por todo lo que ha ocurrido anteriormente en la acería”, dijo el interventor, y agregó que esto es algo urgente y que va a esperar una respuesta de los accionistas hasta la próxima semana.
Consultado si qué salida hay para el caso de una respuesta negativa, Vinader expresó que no tendrán otra opción que “ir depurando las cuentas de alguna forma, pues los acreedores nos vendrán encima”.
Por otro lado, aclaró que ellos no están buscando la quiebra de la empresa, como se sospecha, pues “eso sería absurdo con todo lo que ya se ha hecho” para salvar Acepar.
La acería está alquilada por 10 años a la brasileña Vetorial SA, que se ha encargado de la reparación y recuperación de las instalaciones de Villa Hayes, que estaban prácticamente en ruinas y sin posibilidades de producir. Vetorial se comprometió a invertir US$ 20 millones en la fábrica y a pagar un canon mensual de US$ 300.000.
A su favor, Acepar tiene, además de la planta de Villa Hayes, un estancia de 8.500 Ha. en el Chaco (valorada en US$ 7 millones), un predio de 3.500 Ha. en el Dpto. de Concepción (de US$ 5 millones) y una inversión de casi US$ 6 millones en la cementera Tasser, adyacente a la fábrica. Aún posee también chatarras a vender.
Prolongada huelga de hambre
El principal dirigente de Cootrapar, Hugo González Chirico, lleva más de 60 días de huelga de hambre en protesta por la situación de Acepar, alegando que tanto la administración de Sergio Tasselli como la actual intervención judicial han perjudicado los intereses de los trabajadores socios de la cooperativa.
Cootrapar tiene una participación del 33,33% en Cosipar, que es el consorcio comprador de la siderúrgica. El 66,66% corresponde a Cerro Lorito SA. González Chirico sostiene que la intervención judicial se hizo con base en la denuncia judicial hecha por la cooperativa sobre las irregularidades administrativas en la acería y que ahora el Gobierno se olvida de ello y quiere meterlos en la misma bolsa que Tasselli.