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Un informe, firmado por las auditoras del Departamento de Registro y Control de Auditorías Externas, Lourdes Ayala, Amanda González y Carolina Rolón, concluye que, con base en las observaciones, las documentaciones y la calificación obtenida “corresponde la aprobación de la solicitud de la firma Controller Contadores & Auditores”.
A través de esta llamativa incorporación la citada consultora fue habilitada, a partir del 2 de enero último, para realizar auditorías externas impositivas a aquellos contribuyentes que hayan alcanzado una facturación mayor a G. 20.000 millones al año, “sin perjuicio de que puedan prestar este servicio a contribuyentes con cualquier nivel de facturación”.
La habilitación también fue aprobada por la propia viceministra de Tributación, Marta González de Ayala, quien estampó su firma en el documento pero que –contradictoriamente– llevó adelante, desde mediados del año pasado, denuncias sobre graves fraudes fiscales a través de la compraventa de facturas, las que salpicaban a Walter Hermosa y a su empresa.
Decisión incoherente
Fuentes de la subsecretaría, también privadas, señalan que esta decisión es “absolutamente incoherente”, teniendo en cuenta que un profesional denunciado por evasión y falsificación de facturas, además de imputado por la fiscalía, sea habilitado para auditar nada menos que a grandes contribuyentes. Alertan que esto resta credibilidad a lo que se hace en la SET para erradicar supuestamente la evasión tributaria y, especialmente, la falsificación de facturas.
Cabe recordar que sobre el alto ejecutivo de Controller Walter Hermosa pesan una imputación fiscal y una fianza de G. 1.000 millones, dispuesta por el juez que sigue el expediente del proceso que le abrieron por presunto involucramiento en el caso en cuestión.
No obstante, el abogado defensor de Hermosa, Guillermo Duarte, había argumentado que su defendido fue incluido en el proceso solo por haber enviado un correo electrónico a Miguel Centurión Carmona, sindicado como cerebro del fraude.
Anunció que van a demostrar que el citado correo “no guarda relación” con los hechos investigados. “No hay sustento fáctico que permita suponer que él estaba participando en esta estructura”, afirmó el letrado Duarte.
Antecedentes
El caso que trascendió con el nombre de “megaevasión” o “megafraude” es un esquema que fue montado por Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Berthand Gómez para evadir el pago de impuestos por más de G. 340.000 millones.
Saltó a la luz pública en 2014 e involucró a unas 310 empresas, de las que 150 están en proceso de cancelación y cierre en la SET. Los casos obran en la fiscalía, además de otros 32 expedientes con esquemas muy parecidos.