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El proyecto de ley que modifica la Ley del Presupuesto General de la Nación 2019, con media sanción de Diputados, plantea la modificación del anexo de personal que incluye a 3.621 cargos, con lo cual se regularizan las asignaciones de 1.725 funcionarios, por unos G. 15.328,9 millones.
Al respecto, el senador Stephan Rasmussen (PQ), presidente de la Comisión de Cuentas y Control, dijo que estaba de acuerdo con el proyecto de modificación del presupuesto por ser una muestra de austeridad del Poder Ejecutivo, pero admitió que se podría generar una cadena de pedidos de inconstitucionalidad de los funcionarios públicos contra esta normativa.
Indicó que lógicamente los funcionarios que ya recibieron aumentos salariales no aceptarán que se les reduzca por una resolución del Ministerio de Hacienda.
Indicó que solicitaron a la cartera de Estado un informe sobre cómo piensan salvar esta cuestión, pero aún no recibieron respuesta; por lo que su bancada pedirá postergación del proyecto.
El plan, aprobado en Diputados, tiene dictamen por el rechazo de las comisiones de Hacienda y la de Cuentas y Control. Rasmussen señaló que si el Ejecutivo hizo lobby, es posible que se postergue su tratamiento. De lo contrario, consideró que es muy posible que se rechace.
Preocupación en Hacienda
A su vez, el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, opinó que en caso de que se rechace el proyecto va a ser una señal negativa a todo el esfuerzo que está haciendo el Poder Ejecutivo en tratar de avanzar en la mejora del gasto público.
La preocupación radica en que estas modificaciones al anexo del personal se hicieron de forma directa, sin que los funcionarios beneficiados hayan participado de ningún procedimiento establecido dentro de la Ley 1626 para poder acceder a estas mejoras salariales, es decir sin el concurso debido que establece la ley.
“Vemos con preocupación esos dictámenes, ojalá que si se llega a tratar el proyecto, el pleno pueda acompañar la propuesta del Ejecutivo, y finalmente podamos dar la señal que toda la ciudadanía espera, que es avanzar en este proceso de mejora del gasto público y del control y asignación adecuada de los recursos del Estado”, expresó Llamosas.
De acuerdo con los datos manejados por Hacienda, la suba salarial “mau” representará para los contribuyentes un costo adicional de US$ 4 millones al año.