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El proceso para la contratación de una póliza de seguro colectivo, con cláusulas de accidentes personales para los trabajadores del lado paraguayo de la Itaipú Binacional, está plagado de irregularidades, según la denuncia arrimada por un consorcio de empresas aseguradoras que participó de la subasta presencial realizada por el ente a principios de este mes.
De acuerdo con lo que se observa en el pliego de bases y condiciones del llamado, una de las cláusulas señala claramente que las compañías de seguro no podrán retener en sus carteras un valor superior a los autorizados por los órganos oficiales del país.
En este caso, el órgano competente es la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), que a través de la Resolución Nº 102/2009 indica que la retención máxima para cada aseguradora estará limitada al 10% para planes de seguro inscriptos en la Sección Incendio y 5% para los planes inscriptos en las demás secciones, como es este caso, un seguro de vida. Esto significa que la empresa de seguro podrá retener solo hasta un 5% del riesgo contratado; lo que implica que el 95% del riesgo debe estar reasegurado.
Sobre este punto, los propios directivos de Segesa SA, declarado ganador del pregón por la Comisión de Licitación de Itaipú, admitieron que el reaseguro ofrecido no cubre el total de la póliza de seguro de vida colectivo que contratará la Itaipú Binacional, pese a que este era un requisito exigido en el llamado.
Al respecto, el abogado Francisco Aguilera, representante legal y apoderado de Aseguradora Paraguaya SA, integrante del consorcio que terminó en segundo lugar, afirmó que el pliego exigía que el reaseguro sea por el ciento por ciento. “Se trata de una oferta que no tiene el respaldo del reaseguro, de acuerdo a lo que dice el pliego. Ellos (Segesa), en el momento de la presentación de la oferta, debían tener el respaldo y la cotización por el ciento por ciento y no cumplieron este requisito”, insistió.
Alertó que, en este caso, los trabajadores de Itaipú y sus familias, serán los principales afectados, ya que la cobertura les deja desamparados y librados a su suerte. “Estamos hablando de unas 1.500 familias que podrían quedar desamparadas y además, no podemos olvidar que la mayoría de los funcionarios tienen años trabajando en Itaipú, o sea, es gente que tiene todo su futuro depositado en la cobertura que negocia la empresa para ellos”, advirtió.
El contrato a ser adjudicado es de unos G. 1.100 millones por mes, con una vigencia de 24 meses; lo que da un monto global de G. 26.400 millones.
El directorio debe definir
La Comisión de Licitación de Itaipú debe resolver un recurso administrativo que interpusieron los demás oferentes y, luego, el Directorio Ejecutivo binacional debe homologar la decisión de adjudicar el contrato a favor de Segesa SA o no. Según fuentes, el director administrativo Carlos París Ferraro habría dado su parecer favorable para la adjudicación, en tanto que hay otro sector del directorio que tiene sus dudas debido a las irregularidades detectadas.