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El gerente del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), Hugo Jiménez, dijo ayer a nuestro diario que él mismo advirtió a los pobladores de Chino Cue sobre los “certificados” que les fueron entregados la semana pasada, los cuales no contaban con número de lote, manzana, superficie y ni siquiera la firma del titular del Indert, Justo Cárdenas.
Había 90 páginas de resoluciones donde sí se tenían todos esos datos, la fotografía de cada casa, los lotes georreferenciados y toda la información requerida, añadió Jiménez. Si bien la institución no proveyó esos documentos, el funcionario aseguró que hoy nos mostrará todo el legajo sobre el tema.
Los pobladores de Chino Cue denunciaron a este diario el hecho mencionado, que consideraron irregular, pero el gerente del SIRT aseguró que a ellos se les dio las explicaciones correspondientes el mismo día de la entrega de “adjudicaciones” y que también se les dejó copia de las resoluciones. Fue más que nada una “entrega simbólica, que sabemos no tienen ningún valor”, acotó, con la intención de evitar que esos papeles tengan un “valor comercial”.
Según los datos, el Indert llegó a hacer el censo sobre unas 3.500 hectáreas y resolvió las adjudicaciones para 521 ocupantes, mientras que alrededor de 120 quedaron fuera porque no se encontraban en sus viviendas en el momento del relevamiento de datos. No obstante, el titular del SIRT anunció que se revisarán estos casos para una posterior adjudicación.
Por su lado, la asesora jurídica de la Región Oriental del instituto, abogada Sonia Paniagua, explicó que la Junta Asesora deberá fijar los precios de los lotes de modo a que los pobladores puedan pagar para recibir sus títulos. De acuerdo con lo señalado, quienes tienen hasta 10 hectáreas, pagando el 10% del valor total ya podrán recibir sus documentos de propiedad, mientras que los de mayor superficie, tendrán que abonar 25%, aunque en ambos casos, los campesinos deberán continuar con las cuotas al ente hasta completar el 100% del valor del inmueble.
Junta definirá precio
Miembros de la Junta Asesora del Indert informaron a su vez que se prevé realizar una sesión mañana, para tratar el tema de Chino Cue y las tarifas que serán cobradas a los pobladores. Recordemos que estas tierras habían sido expropiadas a través de dos leyes, de 2003 y 2010, y que la administración actual resolvió pagar unos US$ 14 millones a la firma que se presentó como dueña de 10.300 Ha de la propiedad, Tierra de Negocios SA, del grupo Agrofertil, propiedad de los empresarios brasileños de apellido Sarabia (José Marcos, Paulo Sergio, Antonio Ivar).
Del total de 10.300 hectáreas, se había decidido pagar G. 1.070.000/Ha sobre la fracción de 3.500 hectáreas (las que ya fueron censadas a la fecha), debido a que el lugar fue definido como latifundio improductivo. Las 6.300 hectáreas restantes fueron valuadas en G. 13,5 millones/Ha.
Ahora, la Junta decidirá cuánto pagarán los pobladores que están en el área expropiada como latifundio improductivo y cuánto los que viven en el resto de las tierras. Recordemos que además de las 10.300 Ha, también hay otras 4.500 Ha ocupadas por campesinos, pero en este caso, la administración de Cárdenas ni siquiera ha iniciado los trámites de regularización, ya que su principal empeño se enfocó en pagar a los empresarios Sarabia.
El canje cuestionado
El Indert había acordado un canje de tierras con los empresarios brasileños, que de un día para otro aparecieron como propietarios de Chino Cue. El trato consistió en que el ente entregaría 60.000 hectáreas en el Chaco, a cambio de las 10.300 hectáreas de Chino Cue y, si en dos años no finiquitaban la entrega, se pagaría en efectivo, US$ 14 millones.