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Para el gremio que aglutina a referentes del rubro combustible, la lectura sobre la gestión en Petropar es clara. La intención es quedar bien con la gente, con medidas populistas que no son económicamente sostenibles y que, además, representan peligro para el usuario.
Según dijo ayer Parra, uno de los principales aspectos sobre la operación del camión de Petropar, que desde el lunes pasado lleva gas a los barrios, es la inseguridad. Es que a través de la Resolución 290/17 se habilitó la operación del camión y le facultó al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la realización de la inspección técnica para permitir la circulación del camión y el expendio del producto.
Pero no existe ninguna norma paraguaya como resultado de una comisión técnica de normalización, de la cual formen parte todos los actores del GLP, para analizar esta operación, como sí existe para cualquier otra norma del gas; por ejemplo, la que dispone cómo tiene que ser una garrafa o las instalaciones en una planta fraccionadora.
“La resolución simplemente dice que la distribuidora del gas es responsable de la seguridad y que este camión debe cumplir la norma internacional NFPA 58 (National Fire Protection Association, por sus siglas en inglés), pero esa es una norma genérica que se aplica a todo el sector de GLP y lo que hace falta es una norma paraguaya específica para ese camión ‘sui generis’, que no hay en otras partes del mundo, para que el MIC y el INTN tengan un documento de parámetro para poder chequear”, agregó.
El gerente de Dicapar resaltó que el sector privado no puede afirmar que la operación vaya a ser segura, porque Petropar nunca ha mostrado un plano sobre el camión, su funcionamiento técnico, etc.
Por otro lado, sostuvo, no hay igualdad de condiciones para las empresas privadas que venden gas, pues existe todo un proceso que dura meses para que el INTN habilite una estación a un privado, también permiso municipal y de la Secretaría del Ambiente (Seam), mientras que para Petropar, sacaron, una vez más, una resolución a medida. “Uno no se puede autohabilitar. Hay una ley que regula la carga de GLP en una estación de servicio, mientras que ellos sacaron ahora apenas una resolución ministerial. Y en el caso de que ocurra un siniestro, que esperamos no pase, ¿quién va a hacerse responsable? Petropar, Seam, INTN o el MIC”, se preguntó.
En cuanto al precio, Petropar vende su gas a G. 5.000 por kilo y, según Dicapar, está perdiendo aproximadamente G. 3.000 por garrafa. “Es un precio subsidiado porque en su estructura de costo solo figuran algunos ítems, obvian varios componentes del producto. Solo incluyen Platts más flete más despacho, dejando de lado los costos operativos, salarios, costos fijos, etc., más el margen”, acotó.
“Entonces inventaron este recorrido en camioncito y es una forma de hacer proselitismo y populismo, vendiendo gas subsidiado. Y está haciendo proselitismo con un bien público, hacen caridad con la plata ajena, del pueblo”, aseveró.
De hecho, en el lanzamiento del producto, realizado con un acto en el Bañado Norte el lunes pasado, el presidente de Petropar, Eddie Jara, solapadamente metió el tema de la reelección presidencial con el lema de “que la gente decida”, al decir en su discurso que la gente decida dónde comprar su gas.