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Para la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (Caterpra), el objetivo de la ANNP es bien claro: Aumentar la recaudación para solventar las nuevas contrataciones de operadores políticos.
De otra forma no se explica la puesta en vigencia de la Resolución 288/12, que dispone el aumento de tarifas de “presencia de carga” en Ciudad del Este, aplicable a las cargas en tránsito a otras administraciones aduaneras. Así lo indicó ayer el presidente de Caterpra, Ricardo Dos Santos.
Las nuevas tarifas vigentes son de 40, 60 y 80 dólares según los camiones sean encarpados, furgones o contenedores, respectivamente. La tarifa anterior era de 10 dólares por camión y los aumentos representan 300%, 500% y 700%, según lo indicado.
Competencia desleal
Por otro lado, el incremento constituye una competencia desleal para los puertos privados, según la denuncia de Caterpra, para favorecer a la ANNP de una manera arbitraria. “Los gremios afectados ya nos habíamos opuesto a dicho aumento, ya que su única finalidad es, según la propia Resolución ANNP 288/2012, ‘crear un mecanismo que favorezca la pretensión de que las cargas de importación sean desaduanadas (sic) y despachadas en dichos puertos ubicados en las fronteras’, haciendo referencia al puerto de la ANNP y en detrimento de la figura de ‘transito aduanero’ amparada por el código aduanero, utilizada por muchos importadores para generar competitividad en sus cadenas logísticas”, subrayó Dos Santos.
“De la resolución misma se puede verificar que el objetivo de la misma es que a través de la competencia desleal se puedan crear aumentos en la recaudación de la ANNP, cuyo único objetivo, en nuestra opinión, es solventar los operadores políticos contratados”, reiteró.
Antecedentes
El año pasado se había dejado temporalmente sin efecto la Resolución 228/12, luego de que los gremios del sector hayan dejado en claro su postura y después de que Caterpra haya propuesto establecer una mesa de trabajo para tratar este y otros temas de interés.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del sector privado de establecer esta mesa de trabajo, la misma no se ha materializado principalmente porque los asesores jurídicos de la ANNP continúan desde hace meses “estudiando el marco jurídico que le darían a la mesa de trabajo”, y porque el gerente comercial de esa institución, encargado principal del emprendimiento, fue reemplazado.
“La ANNP propone ahora realizar un ajuste de 200% (de US$ 10 a US$ 30) si es que los gremios afectados ‘legalizan’ las nuevas tarifas a través de un acuerdo publico-privado. Pero nosotros nos oponemos porque claramente un aumento de 200% no tiene razonabilidad económica. Hemos planteado tener en cuenta factores económicos como el aumento de costo, del salario, el combustible, la inflación, el cambio de dólar, etc., pero la ANNP se niega a hacer ajustes razonables”, puntualizó.