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Los integrantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras del Gas Licuado de Petróleo (Capagas) refieren que fue un año difícil para el sector, especialmente por la competencia desleal con la que tuvieron que lidiar con el mismo Estado, que violó una serie de normativas, señaló Pedro Balotta.
Fue preguntado en qué medida afectó a las ventas del sector privado el ingreso de Petropar en el rubro gas, considerando que ello originó un feroz enfrentamiento entre ambos sectores por las denuncias sobre violaciones de leyes por parte de la estatal, y se le recordó las denuncias de corrupción de Petropar, que ya en una de sus principales licitaciones para la compra de garrafas tailandesas intentó sobrefacturar US$ 5 millones.
Respondió que las ventas privadas no se vieron afectadas. Acotó que Petropar vende unos 60.000 kilos de gas por mes, y considerando que el mercado está integrado por unos 7 millones de kilos, no afectó, pero que sí es dañino que incumpla las normativas que se les exigen a los privados.
Otro punto que destacó con relación al año que termina es la alianza de todos los gremios del sector combustible, a través de la Unión de Gremios, que sirvió para enfrentar los atropellos del Gobierno contra el sector para posicionar a Petropar en los diferentes rubros del sector, constituyéndose esa importadora estatal como “juez y parte” en el negocio.
“Tuvimos un actor totalmente desleal, desde el Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Industria y Comercio, que no respetó normas y procedimientos que sí nos eran exigidos a todos los demás. Mientras a nosotros nos exigían un sinnúmero de requisitos para habilitar una estación de servicio, Petropar funcionaba sin contar con autorizaciones básicas”, lamentó Balotta.
Citó el caso de una planta de expendio de recarga de gas en el Bañado Sur (Asunción), que no cuenta con los permisos para operar, ni municipal ni de la Secretaría del Ambiente ni del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. Cuestionó que con su próxima incursión en la recarga móvil, que nunca fue autorizada al sector privado, nuevamente se violarán las normas para favorecer a Petropar, a la que sí autorizan.