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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, explicó ayer la situación legal de la colonia Guahory, del distrito Tembiaporã (Caaguazú), y el asesor del Sistema Integral de Recursos de la Tierra (SIRT), Hugo Jiménez Recalde, dio informe sobre datos relevados de cada lote.
Cárdenas puso mucho énfasis en que los inmuebles que habían sido ocupados por los campesinos, desalojados hace unas semanas, son en su mayoría propiedad privada, pues se trata de lotes con títulos inscriptos en Registros Públicos a nombre de particulares.
A su vez, Jiménez enfatizó que dichas ocupaciones no eran tan antiguas como dicen los labriegos, pues las imágenes satelitales desde 2007 hasta 2014 muestran que las tierras en cuestión no tenían vivienda. Según dijo, en 2014 ingresaron los compatriotas, fueron desalojados ese mismo año y luego volvieron a entrar, hasta que nuevamente se los sacó del sitio el mes pasado.
Cuando se les planteó que los actuales dueños tampoco cumplieron con el requisito de ocupación, reconocieron que no había viviendas en los lotes titulados. “Quienes dieron el título no tuvieron en cuenta el Art. 48 del Estatuto Agrario”, apuntó Jiménez.
También hubo casos en los que un funcionario de la oficina regional del Indert, llamado Armando Díaz Solís, puso a nombre de sus familiares numerosos lotes fiscales, que fueron revendidos irregularmente a brasileños. Esta situación también fue reconocida por Cárdenas, pero se lavó las manos responsabilizando nuevamente del hecho a anteriores administraciones.
¿Compra o nulidad?
El presidente de la institución subrayó que, ante el complejo escenario, la expropiación sigue siendo una de las salidas, aunque no de la manera planteada recientemente por la Cámara de Diputados, en la que discrecionalmente eligieron qué lotes pretendían expropiar, incluyendo propiedades de colonias colindantes, como San Sebastián y Santa Silvia.
En el caso de Guahory, acotó, lo que podría hacerse es recuperar 25 lotes que hoy están en manos de no sujetos de la reforma agraria y que aún no tienen títulos definitivos. Pero como estas tierras no alcanzarán para el asentamiento de las 200 familias campesinas que habían sido desalojadas, la propuesta es la reubicación en otros lotes fiscales, o bien, en propiedades a adquirir.
Ante la insistencia de los periodistas acerca de la situación irregular en que se expidieron títulos en la colonia, Cárdenas respondió que la nulidad podría ser una opción, pero no una solución efectiva, pues eso requiere de al menos 10 a 15 años de puja jurídica. “Esto no obsta a que, dentro de un consenso político, la Procuraduría General de la República presente nulidad de los títulos expedidos irregularmente. Pero eso no está en nuestro ámbito”, puntualizó.
Según informó a su vez Elvio Araújo, presidente de la Comisión Vecinal Guahory, ayer se inició una mesa de diálogo con el Indert, que continúa hoy a las 14:00, para dar respuestas a las familias campesinas.