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El empresario destacó que se habla de una “alianza comercial” entre Petropar y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que apunta a vender al consumidor final gas proveniente de Bolivia, pero intentando ocultar bajo el rótulo de la alianza comercial, que es propio del libre mercado, la gran intervención del Estado que se viene, en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP).
Añadió que en efecto, el mismo Gobierno no tiene reparos en anunciar que apuntan al 50% del segmento local del gas y está visto que tampoco le gusta perder tiempo en ganarse el mercado mediante eficiencia y eficacia, por lo que podría decirse también que es un hecho que, al igual que lo realizado por el Gobierno con los combustibles líquidos, impondría a favor de Petropar el cupo de importación que se le ocurra en el gas, o el que satisfaga sus intereses.
Siguió diciendo que por lo que se ve hasta ahora se alistan inicialmente al 50% del mercado del gas, tal como hicieron con el gasoil tipo III (común), nafta virgen y nafta económica (común), en que fabricaron decretos a medida de Petropar, pero no debe dudarse de que si conviniera a sus intereses (sus propios intereses, no los del pueblo) avanzarán hasta llegar a la totalidad del mercado.
Dijo también que queda claro que los términos de esta “alianza comercial” no serán públicos, sino hasta que se conviertan en un hecho consumado.
Lo que se vendrá...
Balotta vaticinó que una vez consumados estos hechos, seguramente los paraguayos ya nos encontraremos con que el país pasará a depender necesaria y obligatoriamente del abastecimiento de Bolivia. “El escenario será el siguiente: el Gobierno adquirirá GLP exclusivamente de YPFB y las firmas privadas no podrán importar libremente, por lo que no podrán elegir el mejor proveedor y deberán comprar de Petropar o de la empresa que esta forme con su “aliada” YPFB”, explicó el titular de Capagas.
Ahí surgen inevitablemente varios cuestionamientos, acotó. ¿Es en realidad favorable para nuestro país y para su pueblo, que en un rubro tan sensible como el gas se establezca dependencia absoluta del Estado boliviano? ¿Es compatible con la garantía constitucional de la libre competencia que el propio Estado sea el mayor empresario y, a su vez, el regulador del mercado, más aún cuando ha demostrado que no tiene reparos en dictar normas en su beneficio y en perjuicio de firmas privadas competidoras? ¿Es el modelo boliviano de mercado al que apunta el gobierno de Horacio Cartes?
Finalmente, manifestó que dentro de un Estado republicano de derecho, el Estado no puede ser el mayor empresario. Agrandar el Estado no beneficia al pueblo, solamente al Estado y el Estado no es el pueblo.