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Esta empresa familiar, presumiblemente mal administrada, también cuenta entre sus accionistas a Roberto Codas y Gustavo Codas. De acuerdo a los balances publicados por la misma empresa, y que terminaron en manos del Gobierno, la firma presentó, sin embargo, una convocatoria de acreedores por G. 362.000 millones, “y puede llegar a más”, según la opinión del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.
Los mayores incrementos se registraron en las deudas financieras y comerciales, según el balance general finalizado. La deuda a los productores, obreros y empleados que el Gobierno solicita pagar hasta G. 15.000 millones representa el 4,6% del total de la deuda de AISA, pero beneficiará a 2.000 familias involucradas en esos sectores afectados por la crisis de la empresa, de acuerdo a los argumentos del Poder Ejecutivo, que presentó al Congreso nacional un proyecto de ley para el correspondiente pago.
Llamativamente, el incremento se dio durante el gobierno de Fernando Lugo, cuando uno de los accionistas de la firma fallida, Gustavo Codas, era director general paraguayo de la Itaipú Binacional.
Al respecto, el titular del MIC, no obstante, afirmó que aquí se da una situación que él no puede entrar a analizar “a profundidad”, porque “es muy compleja”. “Lo que sí quiero resaltar es que este gobierno entendió que no estaba bien y que tampoco era bueno que siga debiéndole al fisco y trabajando en la forma que hacía”, expresó.
Leite recordó que ya entre setiembre y octubre de 2013 el Ministerio de Hacienda le canceló el Registro Único de Contribuyentes (RUC); y también la ANDE le cortó el suministro de energía eléctrica por falta de pago. Sobre el tema, aclaró que dentro de la administración de Horacio Cartes AISA trabajó solamente entre dos y tres meses, y que este es un problema que se viene arrastrando hace más de cinco años.
Abandono
El secretario de Estado comentó igualmente que hacia el final del 2013, sus directivos decidieron llamar a convocatoria de acreedores, pero sin resolver su pasivo con sus colaboradores inmediatos, dejando una deuda con los cañicultores, obreros y transportistas.
“Esa parece haber sido una tónica normal de la mecánica de Iturbe, y por lo que conocimos después, ellos siempre se quedaban debiéndole algo a la gente, inventaron una forma para pagar, evidentemente se le cortó la cadena de pago”, aseveró el ministro.
Consultado qué es lo que va a pasar con la azucarera, Leite manifestó: “Las empresas que fallan por consecuencias totalmente internas en su manejo tienen que entregar sus activos a los acreedores o deben ir a la quiebra, esa es la posición del Gobierno.
El valor de la fábrica
“Escuché por ahí a uno de los directivos decir que la empresa vale unos US$ 140 millones, y si eso es cierto, y debe 80, sería genial; pero no veo hasta ahora que alguien haya venido con un cheque con la diferencia para quedarse con ella. El patrimonio neto está ‘en una línea fina’, y el Gobierno no puede intervenir en eso. Dijimos que vamos a intervenir, pero nunca a favor de empresarios o de los acreedores, vamos a intervenir temporalmente a favor de los cañeros, con G. 15.000 millones, que es más o menos el 80% de lo que dicen que se debe a los productores”, subrayó.