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Al respecto, es importante mencionar que los principales gremios empresariales y financieros de nuestro país manifestaron su respaldo a la versión original de diputados que exige la transferencia de las acciones al portador a nominativas en un plazo de 2 años, a los efectos de cumplir con las exigencias internacionales de transparentar la información y adoptar medidas preventivas al lavado de dinero. Sobre el punto, Beltran Macchi, titular de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), indicó que el sector financiero de nuestro país requiere acceso a informaciones preventivas como es la identificación de los accionistas, a fin de reaccionar ante los casos de dudosos orígenes.
El proyecto que pretende eliminar el régimen de la SA cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Lucha contra el Narcotráfico que recomendó mantener la versión original de la Cámara Baja.
Por su parte, el diputado Éber Ovelar, uno de los proyectistas de esta ley, se mostró confiado en lograr los votos necesarios (41) para ratificarse en la versión en la cámara de origen, aunque reconoció que la aprobación en Senado será más peleada.
Lamentó que en nuestro país las instituciones actúen en consecuencia a los hechos, “sobre la leche derramada” ya que no se cuenta con suficiente respaldo legal. “Por eso insistimos en que el reconocimiento de los accionistas es un tema relevante en este proceso, ya que ayudará a las instituciones a frenar desde el vamos operaciones como las ocurridas recientemente en nuestro país”, indicó, a su vez, el diputado en una exposición sobre el tema en la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana. El citado gremio también ha manifestado su respaldo al proyecto.
El legislador se refirió a las operaciones de megaevasión y de lavado en Ciudad del Este que se dieron a través de empresas fantasma, encubiertas a través de sociedades anónimas. Debido a este esquema de las SA se complicó el proceso de verificación para dar con los dueños. La eliminación de las SA constituye una de las exigencias prioritarias de organismos internacionales como el GAFI y la OCDE que están observando al país.