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Un nuevo escándalo sacude otra vez al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, esta vez a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Nutricional (Proan). Por valor de unos 2 millones de dólares, cerca de 10.000 millones de guaraníes, contrataron la provisión de leche para niños desnutridos y embarazadas de bajo peso, con una empresa de nombre JVL Metal, que ni siquiera estaba registrada como proveedora de alimentos.
De los 2 millones de dólares contratados, Salud Pública pagó 1 millón de dólares a la empresa de Jorge Gustavo Franco aún antes de que ella proveyera una sola bolsa de la leche en polvo contratada. Para empeorar las cosas, auditores de Contrataciones Públicas verificaron que la leche no solo no había sido entregada, sino que tampoco reunía los requisitos mínimos que se le habían impuesto a la firma contratada. La poca leche entregada como parte del contrato está mal empaquetada, con rótulos en hojas de papel común escritos con impresora. Se ignora qué tipo de leche y su calidad, qué contienen los paquetes. Salud Pública, además de desembolsar el millón de dólares y tolerar que no les entregaran la mercadería, modificó el contrato estableciendo que los paquetes de leche quedaran en guarda en los depósitos del proveedor.
LOS ANTECEDENTES
En diciembre del año pasado se hizo el llamado a licitación pública nacional Nº 02/2006 para la adquisición de leche en polvo fortificada. La adjudicación benefició a la empresa JVL Metas SRL, cuyo representante para la operación fue Jorge Gustavo Franco Jiménez. El monto total de la licitación fue de 11.000 millones de guaraníes, de los cuales 9.990.274.000 guaraníes eran solamente para comprar leche para embarazadas de bajo peso y niños desnutridos. A mediados del mes pasado, Contrataciones Públicas instruyó un sumario administrativo y descubrió que Salud Pública había pagado ya el 50% del monto contratado, es decir, cerca de 1 millón de dólares sin haber recibido una sola bolsa de leche en polvo.
Ante la gravedad del caso, el titular de Contrataciones Públicas, Max Rejalaga, habría ampliado el sumario luego del informe del Departamento de Verificación de Contratos. El resultado de los dos informes es aún más lapidario que el simple pago por una mercadería no proveída, ya que los auditores constataron que el 8 de marzo pasado se pagó el 50% de la factura sin que la proveedora entregara un solo paquete de leche. Peor aún, el Ministerio no exigió la entrega de la mercadería. Llamativamente, Salud Pública modificó la pro forma del contrato y pusieron un punto en el cual establecían que la proveedora podía quedarse con la leche guardada en sus depósitos. El propietario de la firma dice que está cumpliendo con el contrato y que, además, cuenta con el análisis del INTN.
De los 2 millones de dólares contratados, Salud Pública pagó 1 millón de dólares a la empresa de Jorge Gustavo Franco aún antes de que ella proveyera una sola bolsa de la leche en polvo contratada. Para empeorar las cosas, auditores de Contrataciones Públicas verificaron que la leche no solo no había sido entregada, sino que tampoco reunía los requisitos mínimos que se le habían impuesto a la firma contratada. La poca leche entregada como parte del contrato está mal empaquetada, con rótulos en hojas de papel común escritos con impresora. Se ignora qué tipo de leche y su calidad, qué contienen los paquetes. Salud Pública, además de desembolsar el millón de dólares y tolerar que no les entregaran la mercadería, modificó el contrato estableciendo que los paquetes de leche quedaran en guarda en los depósitos del proveedor.
LOS ANTECEDENTES
En diciembre del año pasado se hizo el llamado a licitación pública nacional Nº 02/2006 para la adquisición de leche en polvo fortificada. La adjudicación benefició a la empresa JVL Metas SRL, cuyo representante para la operación fue Jorge Gustavo Franco Jiménez. El monto total de la licitación fue de 11.000 millones de guaraníes, de los cuales 9.990.274.000 guaraníes eran solamente para comprar leche para embarazadas de bajo peso y niños desnutridos. A mediados del mes pasado, Contrataciones Públicas instruyó un sumario administrativo y descubrió que Salud Pública había pagado ya el 50% del monto contratado, es decir, cerca de 1 millón de dólares sin haber recibido una sola bolsa de leche en polvo.
Ante la gravedad del caso, el titular de Contrataciones Públicas, Max Rejalaga, habría ampliado el sumario luego del informe del Departamento de Verificación de Contratos. El resultado de los dos informes es aún más lapidario que el simple pago por una mercadería no proveída, ya que los auditores constataron que el 8 de marzo pasado se pagó el 50% de la factura sin que la proveedora entregara un solo paquete de leche. Peor aún, el Ministerio no exigió la entrega de la mercadería. Llamativamente, Salud Pública modificó la pro forma del contrato y pusieron un punto en el cual establecían que la proveedora podía quedarse con la leche guardada en sus depósitos. El propietario de la firma dice que está cumpliendo con el contrato y que, además, cuenta con el análisis del INTN.