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A pedido de este diario, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) proporcionó un informe en el que se detalla que durante esta administración, de Soledad Núñez, un total de 726 viviendas construidas y pagadas con recursos de la Senavitat tuvieron o tienen póliza de cumplimiento de contrato de la firma Royal.
Royal SA tiene como principal accionista a Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete civil de la Presidencia. La pésima calificación que le dio la Superintendencia de Seguros –calificación (BBB-)– no fue impedimento para que empresas constructoras asociadas a la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) suscribieran contratos con ella para asegurar obras encargadas por el Estado.
Los seguros son contratados por las empresas constructoras. En el caso de Senavitat, en el programa “Sembrando oportunidades”, por cada contrato se solicitan cinco pólizas de seguro: una de fiel cumplimiento de contrato, otra de accidentes personales, otra de anticipo financiero, una cuarta de responsabilidad civil y finalmente una contra todo riesgo.
En total, la Senavitat tiene pólizas por valor de 19.521 millones de guaraníes y la suma desembolsada por cubrir los riesgos anteriormente señalados es de un total de más de G. 178 millones.
Es decir, si se considera la cantidad total de viviendas construidas en este periodo y, según datos proporcionados por Senavitat, que fueron 27.247 obras, las viviendas aseguradas por la firma de López Moreira no constituyen un porcentaje considerable.
No obstante, aunque en Senavitat los contratos de Royal solo abarcan el 10% del total, es en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) donde más se benefició la aseguradora de López Moreira.
Son más de 40 las obras públicas adjudicadas por la administración de Ramón Jiménez Gaona que tienen póliza de la empresa Royal SA, según datos a los que accedimos, y que los funcionarios del MOPC se niegan a proporcionar.
Entre esas obras están nada menos que las del metrobús y el ensanche de las rutas 2 y 7. Este último es el primer contrato de alianza público-privada (APP).