Revés de MOPC en APP del aeropuerto al pedir la Corte que intervenga Fiscalía

La Corte le corrió traslado a la Fiscalía en la acción de certeza constitucional promovida por el MOPC para excluir a la Contraloría y a su dictamen del proceso de adjudicación de la APP del aeropuerto. El Ministerio Público, a su vez pidió, que intervenga la Contraloría.

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Aunque la idea del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es excluir a la Contraloría de la licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, el ente auditor terminará interviniendo en la acción que promovió dicha cartera ante la Corte.

Resulta que en el caso de la acción de certeza planteada, la Corte corrió traslado a la Fiscalía, y esta, a su vez, dio intervención a la Contraloría. En el escrito que presentó el Ministerio Público, que fue recibido el pasado 4 de diciembre, la fiscala Gilda Villalba solicita la interrupción del plazo hasta que se cuente con los argumentos de la Contraloría General (ver facsímil).

El dictamen que al Ministerio de Obras Públicas le “molesta” y le impide adjudicar la licitación del aeropuerto por una alianza público-privada (APP) a un consorcio liderado por la empresa española Sacyr fue elaborado por la Contraloría tras una auditoría de varios meses, que dejó en evidencia diversas irregularidades.

Como consecuencia, la Contraloría recomendó que se cancelara toda la licitación en cuestión.

Algunas de las irregularidades evidenciadas tienen que ver con maniobras conducidas por funcionarios del MOPC para favorecer a Sacyr, en un momento en que un grupo de senadores denunciaba los antecedentes de pleitos judiciales por diversos motivos que tiene esta empresa en varios países, y que, según el pliego, le impedían ser oferente.

Una de esas maniobras fue la elaboración de un dictamen de asesoría jurídica que negaba la vinculación de Sacyr con un grupo que tuvo problemas en España, cuando esa vinculación estaba documentada y fue asumida por la propia empresa.

Sacyr ya fue adjudicada en otra licitación también por APP, pues lidera el consorcio que duplicará las Rutas 2 y 7, asociada a Ocho A (paraguaya) y Mota Engil (portuguesa).

Contraloría contestará

Consultado sobre el tema, el contralor Enrique García explicó ayer que se preparan para contestar y que, en primer término, la acción declarativa de certeza no está prevista en la Constitución y, por tanto, no existe.

También dijo que las atribuciones de la Contraloría como organismo de control, a diferencia de la “certeza”, sí están establecidas en la propia Carta Magna.

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